Narcomenudeo en La Banda: la Cámara deberá revisar liberaciones y nulidades en cinco causas

Una seguidilla de fallos judiciales en el Fuero de Control y Garantías de La Banda puso en alerta a la lucha contra el narcomenudeo. En pocas semanas, cinco expedientes terminaron con imputados en libertad o procedimientos anulados, decisiones que la Fiscalía apeló y que ahora deberá resolver la Cámara de Apelaciones.

No se trata de un caso aislado. Los jueces Roxana Menini y Gino Niccolai adoptaron resoluciones que, según el Ministerio Público, debilitan las investigaciones por venta minorista de drogas. En algunos fallos se declararon nulas actuaciones policiales completas; en otros, se rechazaron pedidos de prórroga de prisiones preventivas. La Fiscalía insiste en que esos criterios son equivocados y por eso elevó la discusión a la instancia superior.

¿Procedimiento anulado con 35 dosis de cocaína?

Uno de los casos que destapó la controversia fue el de Eduardo Benjamín Bracamonte, de 18 años. La Policía intentó identificar a un grupo en una esquina, pero varios emprendieron la fuga. Tres jóvenes fueron interceptados, dos de ellos menores, y Bracamonte tenía envoltorios sospechosos.

El secuestro fue contundente: 35 dosis de cocaína (3,15 gramos), 13 envoltorios de marihuana (5,59 gramos), dinero en efectivo y un teléfono celular. Sin embargo, el debate no pasó por la droga, sino por la legalidad del accionar policial. La jueza Menini declaró la nulidad absoluta del procedimiento, dejando sin efecto la actuación. La Fiscalía, que pidió legalizar la aprehensión, apeló.

Otro procedimiento, otra nulidad

El 9 de julio de 2026, durante un patrullaje preventivo, efectivos interceptaron a José Wenceslao Reynoso. Le secuestraron 18 envoltorios de cocaína (2,02 gramos), $11.300 y un teléfono. Pero el juez Niccolai también anuló el acta y el secuestro, al considerar que hubo una intromisión indebida. La Fiscalía recurrió la decisión.

Estos casos plantean un interrogante de fondo: ¿hasta dónde puede intervenir la Policía en la vía pública sin vulnerar garantías constitucionales? La Cámara deberá fijar el límite entre eficacia investigativa y derechos individuales.

Libertad para una imputada por venta de drogas

El expediente contra Ornella Soledad Guallama, acusada de comercializar estupefacientes, sumó más tensión. Guallama cumplía prisión domiciliaria y la Fiscalía pidió prórroga, argumentando que faltaban pericias sobre mensajería digital realizadas por Ciberseguridad y que existía riesgo de entorpecimiento de la investigación.

Niccolai rechazó el pedido, consideró que no había complejidad suficiente y le otorgó la libertad bajo fianza y reglas de conducta. La Fiscalía apeló otra vez, y la Cámara deberá determinar si la decisión fue correcta.

Causas con juicio en camino, pero imputados libres

La situación se repitió en otros dos expedientes. En la causa contra Lorenzo Rocha y René Rocha, el juez Niccolai rechazó la prórroga de la prisión preventiva, y ambos recuperaron la libertad. También liberó a Luis Hugo Arce. En los dos casos, la Fiscalía apeló.

Lo llamativo es que ambas causas ya tienen requerimiento de elevación a juicio, es decir, la investigación está concluida. Aun así, los imputados esperarán el debate en libertad, lo que incrementa la preocupación del Ministerio Público.

¿Errores policiales o jueces demasiado flexibles?

La repetición de estos fallos en un período corto encendió las alarmas institucionales. Cinco causas de narcomenudeo terminaron con decisiones favorables a los imputados, ya sea por nulidades o por libertades. Cada caso tiene sus particularidades, pero el patrón es llamativo.

Los jueces tienen la obligación de controlar la legalidad de los procedimientos, y no toda nulidad implica indulgencia. Pero cuando las decisiones se reiteran y son sistemáticamente apeladas, la discusión trasciende cada expediente. Surge la pregunta: ¿estamos ante errores de la Policía o la Fiscalía que los jueces corrigen, o ante una interpretación judicial que debilita la lucha contra el narcomenudeo?

La Cámara tiene la última palabra

Los recursos presentados pondrán a la Cámara de Apelaciones frente a un desafío clave. Los camaristas deberán revisar cada caso y definir si las nulidades fueron correctas, si las libertades respetaron la ley y si los argumentos fiscales eran suficientes.

Detrás de los nombres de Bracamonte, Reynoso, Guallama, Rocha y Arce se esconde una cuestión que marcará el rumbo de futuras investigaciones: qué margen tendrá la Policía para actuar, qué requisitos deberán cumplir los fiscales para sostener una prisión preventiva y dónde está el equilibrio entre eficacia y garantías.

La Cámara deberá establecer de qué lado de esa frontera quedaron estas cinco causas. Y sus resoluciones serán observadas con especial atención.