Narcotest en Mendoza: el proyecto que promete sacudir los controles viales y vaciar los bolsillos

La senadora Macarena D'Ambrogio (LLA) presentó en la Legislatura de Mendoza un proyecto que busca implementar el 'narcotest' en los operativos de tránsito y endurecer las multas hasta cifras millonarias.

La iniciativa, que modifica la Ley de Tránsito N° 9024 y el Código Contravencional, establece un esquema de sanciones escalonadas según la sustancia detectada, con retención del vehículo y cursos obligatorios para los infractores.

¿Por qué ahora?

D'Ambrogio argumenta que la inseguridad vial es "una de las principales causas de muerte evitable" y que conducir bajo los efectos de sustancias psicoactivas es una "conducta de alto riesgo". La legisladora libertaria sostiene que la evidencia científica muestra que la presencia de controles en las rutas tiene un efecto disuasorio mayor que el aumento de la severidad de las penas.

Criterios para el test

El proyecto busca evitar la arbitrariedad: los agentes de tránsito no podrán seleccionar conductores al azar ni por edad, sino que deberán basarse en indicadores objetivos protocolizados, como alteraciones oculares, dificultades en el habla, problemas motrices o modificaciones en la conducta.

Además, la negativa injustificada a realizarse el narcotest será considerada "falta gravísima" y tendrá las mismas consecuencias administrativas que un resultado positivo.

Las multas que se vienen

El proyecto crea una escala de sanciones según el nivel de riesgo de la sustancia:

Riesgo bajo: cannabis y derivados. Multas de 3.000 a 6.000 unidades fijas (hoy en $600), es decir, entre $1,8 millones y $3,6 millones, más inhabilitaciones de 30 a 180 días.

Riesgo medio: cocaína, opiáceos y benzodiacepinas sin autorización terapéutica. Multas de 4.000 a 9.000 UF (entre $2,4 millones y $5,4 millones), arresto de hasta 30 días e inhabilitación de 90 a 365 días.

Riesgo alto: anfetaminas, metanfetaminas o combinación de dos o más sustancias (incluido el alcohol). Multas de hasta 11.000 UF (unos $6,6 millones), arresto de hasta 120 días e inhabilitación de hasta 545 días.

En todos los casos se retendrá el vehículo. El proyecto elimina la posibilidad de reemplazar las sanciones por trabajos comunitarios y exige cursos de capacitación y conducción responsable.

El rodado no será devuelto hasta que el infractor cumpla con la sanción. Y para los reincidentes, la licencia de conducir se reducirá a cinco años de vigencia, cuando hoy es de diez para conductores sin antecedentes.