Narcotests obligatorios para funcionarios santafesinos: qué cargos alcanza la ley y qué pasa si dan positivo
¿Sabías que los legisladores, jueces y hasta el propio gobernador podrían tener que hacerse un narcotest para asumir o mantenerse en el cargo? La medida ya tiene media sanción en el Senado y ahora define Diputados.
El Senado de Santa Fe dio media sanción este jueves a un proyecto que busca imponer exámenes toxicológicos obligatorios para funcionarios de los tres poderes del Estado provincial. La iniciativa, que ahora deberá ser tratada en Diputados, contempla controles periódicos, aleatorios y ante denuncias fundadas.
Qué funcionarios deberán hacerse el narcotest
Según el texto aprobado, la medida alcanza a todas las personas que ejerzan cargos públicos electivos o designadas políticamente durante el ejercicio de sus funciones. Entre ellos se cuentan el gobernador y el vicegobernador, ministros y funcionarios del Ejecutivo, legisladores y autoridades de ambas cámaras, integrantes del Poder Judicial, miembros del Ministerio Público y autoridades de organismos de control.
La iniciativa también habilita a que otros agentes públicos provinciales puedan someterse a los exámenes de manera voluntaria.
Cómo serán los controles
El proyecto, presentado en julio por el senador Osvaldo Sosa (departamento Vera), establece que los exámenes serán obligatorios y gratuitos. El esquema prevé un examen inicial dentro de los 30 días posteriores a la asunción, controles periódicos al menos una vez por año, exámenes aleatorios por sorteo y estudios ante denuncias fundadas.
La aplicación de los narcotests deberá respetar principios de confidencialidad, dignidad de las personas, derecho de defensa y cadena de custodia de las muestras.
Qué pasa si un funcionario da positivo
Ante un resultado positivo, la norma contempla un abordaje interdisciplinario con asistencia, orientación y una evaluación sobre la aptitud para continuar en el cargo. Las medidas previstas pueden ser sanitarias, administrativas o terapéuticas, bajo un enfoque no punitivo.
En cambio, la negativa injustificada a realizarse el examen podría considerarse falta grave y derivar en suspensión preventiva, sumario administrativo o incluso la remoción del cargo, según los mecanismos legales de cada función.
El proyecto tomó impulso después de que el gobernador Maximiliano Pullaro se sometiera públicamente a un narcotest y convocara a otros integrantes de su gestión a hacer lo mismo. Ahora, la palabra la tiene la Cámara de Diputados.
#MediaSanción a la obligatoriedad en la realización de exámenes toxicológicos (narco-test), para todas las
— Cámara de Senadores (@SenadoSantaFe) August 27, 2026
personas que ejerzan cargos públicos electivos por voluntad popular o que hayan sido designadas políticamente, en cualquiera de los tres poderes del Estado Provincial.
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