Negocian el traspaso de viviendas del Procrear a las provincias: ¿qué hay detrás de la movida?
¿Pensabas que el Procrear había muerto? El Gobierno busca traspasarlo a las provincias para saldar deudas y reactivar la obra pública. ¿Qué provincias ya aceptaron y qué falta para el acuerdo?
El ministerio de Economía de la Nación está en plenas conversaciones con varios gobiernos provinciales para cederles los barrios del ex plan Procrear que quedaron sin terminar. La operación busca saldar deudas del Estado con los distritos y, de paso, darle un empujón a la construcción, uno de los sectores que más empleo genera.
Todo ocurre después de que el fideicomiso se disolviera formalmente a fines de 2024. Ahora, las negociaciones técnicas se centran en dos puntos: la valoración económica de las viviendas a medio construir y los plazos de entrega.
¿Por qué hay desacuerdo en la valuación?
El principal escollo entre la administración central y las provincias es el precio de los inmuebles. Mientras las provincias piden que se cotice según el avance real de las obras, el Gobierno nacional intenta recuperar al máximo el dinero público invertido antes del parate.
Pese a las diferencias, las provincias ven una oportunidad para solucionar sus problemas de vivienda. Al tomar el control de esos terrenos, podrán decidir qué obras terminan primero y dar trabajo a la gente de la zona.
Algunas ya cerraron acuerdos parecidos. Chubut, por ejemplo, se hizo cargo del barrio Etchepare en Trelew. Neuquén, por su lado, avanzó con el Régimen de Obligaciones Recíprocas con el ministerio de Economía.
Qué otras medidas se están tomando
Además de las charlas con las provincias, el Gobierno nacional empezó a fines de 2025 una acelerada subasta pública. A través del Boletín Oficial, busca liquidar terrenos e inmuebles paralizados en todo el país.
Los activos en venta incluyen predios en varios municipios bonaerenses como La Matanza, Avellaneda, La Plata y Quilmes. También hay áreas estratégicas en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Río Negro.
Para destrabar la obra pública, se creó la Mesa de la Vivienda con la Cámara Argentina de la Construcción, la UOCRA y el Consejo Federal de Inversiones. Quieren conseguir financiamiento internacional y asistencia técnica para reactivar unas 18.000 viviendas frenadas.
En cuanto al crédito, el ministro Luis Caputo evalúa usar fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. La idea es licitar depósitos a plazo fijo más largos para que los bancos puedan ofrecer créditos hipotecarios UVA a plazos extendidos.
Con este combo de medidas, el Poder Ejecutivo busca mover la economía sin descuidar el superávit fiscal. La compensación de deudas, las subastas y el fondeo bancario apuntan a reanimar el sector de la construcción de a poco.
