Neuquén: 500 allanamientos y un dato que explica por qué ya no esperan a la Justicia Federal
Se esperaba que la pelea contra el narcomenudeo siguiera en manos de la Justicia Federal. Neuquén la tomó por su cuenta y en veinte meses ya sumó 218 condenas: la cifra que más llama la atención del balance no son los allanamientos.
En veinte meses, la Policía neuquina allanó 500 domicilios, logró 218 condenas y cerró 43 bocas de venta de droga en distintos barrios de la provincia. El balance de la Dirección Antinarcóticos corresponde al período que va del 28 de febrero de 2025 al 4 de noviembre de 2026, desde que la Provincia asumió la investigación del narcomenudeo.
El cambio de fondo fue normativo: la Ley provincial 3488 le permitió a la Justicia neuquina tomar competencias que antes estaban en manos de la órbita federal. Con esa herramienta, la Policía y los organismos judiciales provinciales pusieron el foco sobre el último eslabón de la cadena de comercialización de estupefacientes.
Según las estadísticas oficiales, el ritmo de trabajo se tradujo en un promedio cercano a seis allanamientos por semana, todos orientados a desarmar los lugares usados para vender droga en los barrios.
Qué secuestraron en los operativos
El informe también desglosó lo que se retiró de circulación durante los procedimientos. En total se incautaron 227 kilos de cannabis (marihuana), 49,5 kilos de clorhidrato de cocaína y 18 pastillas de éxtasis.
A eso se suman 276 millones de pesos y 28.300 dólares en efectivo, además de 124 vehículos.
En materia de prevención de la violencia, los allanamientos permitieron sacar de las calles 102 armas y 2.770 municiones, elementos que también integran el balance de estos veinte meses de trabajo.
Junto con las 43 clausuras de puntos de venta se concretaron cinco demoliciones de inmuebles vinculados a esa actividad. La idea detrás de esas medidas es que los espacios no vuelvan a funcionar y dejen de afectar la convivencia de los vecinos.
La palabra del ministro de Seguridad
La estrategia fue impulsada por el gobernador Rolando Figueroa y contempla la participación coordinada de los tres poderes del Estado, con el objetivo de ampliar la capacidad de prevención, investigación y sanción de estos delitos.
El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, defendió el rumbo elegido: "La decisión de asumir esta responsabilidad fue acertada. No podíamos seguir esperando los tiempos de la Justicia Federal mientras los vecinos reclamaban respuestas contra la venta de drogas en sus barrios. Tomamos las riendas porque entendimos que la Provincia tenía que involucrarse y actuar. Cada punto de venta que se cierra es un avance para la comunidad, y cada condena es un mensaje claro: vender droga en Neuquén tiene consecuencias".
Y agregó: "Nuestro objetivo es que ningún lugar de Neuquén quede fuera de esta tarea y que las familias sepan que hay un Estado presente, decidido a protegerlas".
Qué cambió con la desfederalización
Antes de la Ley 3488, la comercialización de drogas a pequeña escala quedaba bajo la órbita federal. Con la norma provincial, Neuquén pasó a investigar y juzgar determinados delitos vinculados con ese tramo del negocio.
El nuevo esquema aceitó el trabajo conjunto entre la Policía del Neuquén y la Justicia provincial, con intervenciones pensadas para identificar y desarticular los puntos de venta que golpean de lleno la seguridad y la convivencia en los barrios.
Los 500 allanamientos, las 218 condenas, las 43 clausuras y las cinco demoliciones son los números centrales del balance que difundió el Gobierno provincial.
