El cargo que venían pagando los vecinos de Neuquén capital tiene fecha de vencimiento, y la decisión ya está confirmada por el municipio y la Provincia. Lo que no se sabe todavía es cómo impacta en las boletas de fin de año.
Los vecinos de Neuquén capital que venían pagando la contribución ambiental dejarán de hacerlo a partir del primero de diciembre. Así lo confirmaron el intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa, en el marco del inicio de la primera etapa del nuevo Centro Ambiental.
“A partir del primero de diciembre no existirá más”, afirmó Gaido al anunciar la decisión. La medida implica el fin de uno de los cargos que pesan sobre la actividad económica de la ciudad.
Quiénes dejaban de pagarla y por qué
Esa contribución se había aplicado para financiar la construcción del sistema ambiental. El cobro llegaba por dos vías: a través de CALF a los usuarios con medidor eléctrico, y de forma directa por parte de la Municipalidad a quienes no contaban con ese medidor.
Con la eliminación, esos mismos contribuyentes dejarán de ver el cargo en sus boletas y liquidaciones a partir del mes que viene.
No es la tasa comercial
Conviene no confundir los tributos. La tasa comercial —formalmente llamada Derecho de Inspección y Control de Seguridad e Higiene— es la que pagan los comercios por el ejercicio de su actividad y por las verificaciones municipales de seguridad, salubridad e higiene. Esa sigue vigente.
La que se elimina es la ambiental, no el derecho comercial.
La obra que viene
En paralelo a la baja del tributo, la Municipalidad avanzará con la construcción del Centro de Transferencia de residuos, la primera etapa del nuevo Centro Ambiental. El sistema está proyectado para los próximos 50 años y permitirá ordenar el tratamiento de los desechos de Neuquén capital y de otras localidades, entre ellas Plottier, Centenario, Vista Alegre y El Chañar.
Figueroa destacó el trabajo conjunto entre la Provincia y los municipios y respaldó una planificación que trasciende las urgencias inmediatas. Además, ratificó inversiones provinciales superiores a los 200 millones de dólares para garantizar la provisión de agua hasta 2040, con el compromiso de evitar costos adicionales para los contribuyentes.
