Neuquén convierte autos y plata del narco en un refuerzo inesperado para la seguridad

El gobernador Rolando Figueroa encabezó la entrega de bienes decomisados al narcotráfico que ahora pasan a manos del Estado provincial. La medida se enmarca en la Ley Provincial de Desfederalización N° 3.488, que permite a la Justicia local intervenir con rapidez en causas de microtráfico de drogas.

En el acto realizado en la ciudad capital, las autoridades confirmaron la incorporación de 12 automóviles, una camioneta, cuatro motocicletas, 110 millones de pesos y 25.000 dólares. Todos los elementos provienen de causas penales con sentencia firme y serán destinados a reforzar las áreas operativas de combate contra el delito.

Un destino doble: seguridad y salud

La distribución de los recursos contempla el fortalecimiento de las dependencias policiales y también el financiamiento de programas de salud mental y asistencia comunitaria para personas con consumos problemáticos. La provincia busca así transformar la logística criminal en herramientas asistenciales.

Figueroa ratificó la firmeza de las acciones estatales para resguardar el espacio público y recuperar la tranquilidad en los barrios neuquinos. Además, ponderó el trabajo articulado entre las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.

Las autoridades subrayaron la importancia de que la comunidad perciba el retorno social de las acciones judiciales. Según lo manifestado durante la ceremonia, el recupero de activos combate la capacidad financiera del crimen organizado y da respuesta rápida a los reclamos históricos de la ciudadanía.

Nuevos vehículos y el avance de la Ley 3.488

El fiscal general José Gerez detalló que las unidades transferidas corresponden a causas judiciales concluidas en diversas localidades de la provincia. Con este desembolso, el sistema público provincial suma un acumulado de 16 vehículos y siete motocicletas que antes formaban parte de redes de delincuencia organizada.

El representante del Ministerio Público Fiscal enfatizó el compromiso del fuero penal para acelerar las investigaciones y avanzar sobre el patrimonio ilegítimo de las bandas. Remarcó que la persecución del delito no se agota con las condenas, sino con la desarticulación económica de las organizaciones.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, destacó la inversión constante en tecnología, despliegue operativo y resguardo de la fuerza policial. La gestión provincial acumula una asignación superior a los 5.500 millones de pesos destinada a equipamiento, movilidad, software especializado de investigación y dispositivos de vigilancia.

El funcionario también resaltó la incorporación de tecnología avanzada para tareas de observación y prevención. La fuerza cuenta actualmente con una flota de drones operada por 25 pilotos calificados, herramientas que permiten monitorear zonas complejas a distancia y recolectar material probatorio determinante para concretar allanamientos judiciales.

Esta modernización técnica se complementa con la capacitación constante del personal policial y la adquisición de vestuario operativo, patrulleros y sistemas de comunicación encriptada. Estas inversiones consolidan una infraestructura integral de prevención pública en toda la geografía provincial.

Denuncias anónimas por QR: el aporte de los vecinos

Finalmente, las autoridades reafirmaron el valor del sistema anónimo de denuncias mediante código QR implementado en la provincia. Esta vía de participación ciudadana permitió activar investigaciones clave en el territorio provincial, las cuales derivaron en el desmantelamiento de múltiples puntos de venta de sustancias ilegales, el secuestro de armas y el decomiso de activos.

La respuesta comunitaria y la participación responsable de los vecinos resultan determinantes para nutrir los mapas de calor delictivos. Gracias a este canal seguro y confidencial, los equipos de investigación penal logran reunir información estratégica que luego se traduce en intervenciones judiciales efectivas y resultados concretos.