Una oficial cobró un casamiento por Mercado Pago, una empleada viajó a Chile con licencia médica y un cabo escondió lo robado en su auto. Los cuatro expedientes que terminaron con empleados fuera del Estado neuquino.
La política de tolerancia cero que el gobernador Rolando Figueroa activó apenas llegó a la Casa de Gobierno neuquina sumó cuatro nuevas bajas en la administración provincial, todas vinculadas a faltas de gravedad. Los casos van desde una oficial del Registro Civil que cobró un matrimonio por fuera del sistema hasta un portero condenado por abuso sexual, pasando por una empleada que viajó a Chile durante una licencia médica y un cabo de policía que le robó a un compañero.
La oficial que casó a una pareja y cobró por Mercado Pago
El primero de los expedientes terminó con una exoneración, la sanción más dura del régimen disciplinario, superior a la cesantía. La medida recayó sobre Mabel Carlina Rastellini, oficial pública de Registros Civiles, a quien se le atribuyó haberse quedado con dinero que correspondía a la Provincia.
La documentación oficial describe con detalle el mecanismo: la mujer celebró un matrimonio fuera de la sede registral, omitió a propósito el procedimiento legal previsto para ese tipo de ceremonias, no generó la boleta en el sistema oficial y percibió el pago a través de una cuenta personal de Mercado Pago. Tampoco rindió los aranceles que debían ingresar al Estado provincial.
El expediente también consigna que se detectaron “graves irregularidades en la documentación respaldatoria del trámite”, con inconsistencias en la declaración jurada previa, la omisión de los recaudos exigidos para matrimonios fuera de la sede, alteraciones materiales en los papeles y el incumplimiento de las formalidades que marca la normativa para este tipo de actos públicos.
Ante los auditores, Rastellini reconoció haber recibido dinero por fuera de los canales oficiales: “Sí (...) Yo a esos chicos, lo único que les cobré fue para el taxi, yo les pedí esa suma de dinero, yo no les cobré el casamiento, solamente la movilidad para poder trasladarme al lugar del casamiento y que me espere el taxi (…)”.
En paralelo al sumario administrativo avanzó una denuncia penal. Según el expediente, la ex agente habría admitido su responsabilidad por exacciones ilegales agravadas —al haber convertido en propio el provecho del ilícito— y falsedad ideológica agravada. Aceptó una pena de dos años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de 450.000 pesos.
Chile en plena licencia por salud
El segundo caso derivó en la cesantía de Karina Stefanie Jaña Reyes, quien se desempeñaba como personal de planta permanente de la dirección provincial del Registro Civil. La acusación central fue la utilización irregular de licencias.
El sumario se originó porque la mujer se ausentó del territorio provincial y del país con destino a Chile en fechas que coincidían con períodos de licencia por largo tratamiento de salud, sin contar con la autorización administrativa correspondiente. Los auditores dieron por probados tres viajes: el 18 de noviembre de 2023, el 30 de diciembre de ese mismo año y el 20 de febrero de 2024.
El cabo que escondió lo robado en su propio auto
La tercera baja fue la del ex cabo de Policía Francisco Andrés Pertusatti, alcanzado por faltas previstas en el Reglamento del Régimen Disciplinario Policial y en el Reglamento de Actuaciones Administrativas Policiales.
El expediente reconstruye el hecho: el 2 de mayo de 2025, la Comisaría N° 16 del barrio San Lorenzo, en la ciudad de Neuquén, informó sobre una denuncia judicial presentada por un oficial ayudante. El hombre, al terminar su jornada de servicio, notó que le faltaban una funda cubre volante y un logo de marca del interior de su vehículo particular, que estaba estacionado en el patio interno de la unidad.
La investigación interna fue contundente: “se logró determinar la responsabilidad del cabo Francisco Andrés Pertusatti”, y se estableció de manera fehaciente que los elementos sustraídos estaban ocultos dentro del rodado particular del propio policía.
El portero de una escuela con condena firme por abuso
El cuarto caso tuvo como protagonista a Orlando Basilio Marillán, quien trabajaba como auxiliar de servicio —portero— en la Escuela Primaria N° 356 de Neuquén capital. El Ejecutivo provincial convalidó la resolución del 20 de agosto de 2026 del Consejo Provincial de Educación (CPE) y lo dio de baja de los cuadros de la administración pública.
La medida rige desde el 22 de abril de 2026, cuando quedó firme la sentencia dictada en la causa caratulada “Marillán, Orlando Basilio abuso sexual agravado por la edad de la víctima conviviente”. La Justicia le impuso 11 años de prisión de efectivo cumplimiento. La condena no se produjo en el ámbito de la administración pública, sino en su entorno privado.
