Newmont cerró los portones con candados y la Justicia ordenó romperlos: qué encontraron adentro

El secretario de Estado de Trabajo de Santa Cruz, Javier Aravena, denunció que la minera Newmont puso trabas al ingreso de los inspectores provinciales al yacimiento Cerro Negro, en la Ruta 39, y confirmó que se detectaron seis ceses de tareas, infracciones "palmarias" y un derrame de cianuro en el predio.

En diálogo con Hora 21, el funcionario relató que la comitiva provincial llegó al acceso para identificar y retener vehículos que no tenían habilitación para circular. Según explicó, al llegar, personal de la empresa habría cerrado los portones con candados e impidió el paso de los inspectores.

"Tuvimos que solicitar a la fuerza policial, a través del ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, para que concurriera al yacimiento", señaló Aravena. Ante el bloqueo, el Ministerio recurrió a la Justicia y obtuvo una orden de allanamiento.

"Se procedió a la rotura de los candados por orden del juez y, en este momento, estamos ingresando con una comitiva policial importante", detalló el secretario. Además, denunció que efectivos policiales habrían quedado retenidos dentro del yacimiento: "En algún caso, 12 funcionarios policiales han sido retenidos por parte de Newmont para impedirles la circulación, la salida del yacimiento".

Seis ceses de tareas y un derrame de cianuro

Mientras el conflicto se desarrollaba en el acceso, las inspecciones continuaron dentro del complejo minero. Aravena confirmó que ya se dispusieron seis ceses de tareas por situaciones de extrema gravedad.

"Hemos dictado seis ceses de tareas por medidas gravísimas contra la seguridad de los trabajadores y hemos labrado un sinfín de infracciones", sostuvo. Y al describir las condiciones de seguridad e higiene, fue contundente: "Son altamente deficientes, con un potencial riesgo para la seguridad y la vida de los trabajadores".

Las actuaciones se encuadran en la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, la normativa provincial de procedimiento administrativo laboral y la Ley 3141, conocida como "90/10". "En todos los casos hemos encontrado infracciones palmarias", aseguró.

El funcionario también confirmó que los inspectores detectaron un derrame de cianuro. "Efectivamente, hemos encontrado esa situación aquí, y otras también de gravedad", manifestó. Además, se dispuso el cese de actividades en un sector bajo mina por tratarse de un área particularmente sensible.

Aravena vinculó esa medida con el antecedente de una tragedia en la minería santacruceña, donde murieron dos trabajadores. "Aquí hubo una tragedia donde dos santacruceños perdieron la vida, y nosotros eso no lo queremos permitir. No lo vamos a permitir", remarcó. Y agregó: "No vamos a retroceder un centímetro en poner en riesgo la vida de los trabajadores".

Vehículos retenidos y un camión de combustible bajo la lupa

Otro de los puntos que marcó el secretario fue la situación de los vehículos encontrados durante los controles. Confirmó que varios fueron retenidos y mencionó especialmente un camión destinado al transporte de combustible.

"Un camión que transporta combustible sin la reglamentación correspondiente, sin medidas de seguridad. La verdad, es gravísimo algunas situaciones que se dan acá", expresó. Los procedimientos continuarán durante toda la noche y las actuaciones se profundizarán en los distintos sectores del yacimiento.

¿Puede cerrar el yacimiento?

Consultado sobre la posibilidad de disponer la clausura total de la operación de Newmont en Cerro Negro, Aravena no descartó esa alternativa, aunque aclaró que todavía no hay una decisión tomada. "Es una evaluación que vamos a hacer en el momento oportuno", respondió.

Por ahora, las medidas se concentran en sectores determinados donde se detectaron condiciones de riesgo, pero dejó abierta la chance de avanzar hacia una medida de mayor alcance: "Es una evaluación que podría llegar a hacerse en la medida que avancemos en las inspecciones".

El secretario remarcó que el operativo se desarrolla bajo una premisa central del Gobierno provincial: priorizar la integridad de quienes trabajan en el yacimiento. "Acá hay 1.200 personas que trabajan, donde sus familias anhelan que vuelvan sanos y salvos, y esta corporación los pone en riesgo día a día", afirmó.

Y resumió la postura oficial con una frase que, según dijo, el Gobierno viene sosteniendo desde el inicio de los controles: "Un gramo de oro no vale una vida".