Newmont frenó todo en Cerro Negro y apunta contra el Gobierno de Santa Cruz
El Gobierno de Santa Cruz fue a inspeccionar Cerro Negro y Newmont respondió con un parate total. La empresa habla de daño y evalúa ir a la Justicia, mientras la Provincia apunta a la responsabilidad empresarial.
La minera Newmont interrumpió las tareas en su yacimiento Cerro Negro después de que el Gobierno de Santa Cruz avanzara con una serie de inspecciones de seguridad e higiene en la operación. La empresa alegó que las medidas oficiales dejaron a la planta sin condiciones para sostener la actividad.
Según informó la Provincia, a las seccionales de AOMA y ASIMRA se sumaron Camioneros y UPSAP para respaldar los controles. "Los trabajadores vienen expresando distintos reclamos vinculados principalmente con la seguridad, las condiciones laborales y el cumplimiento de las normas dentro del yacimiento operado por Newmont", señalaron desde el Ejecutivo provincial.
El argumento de la empresa
A través de una comunicación interna, la operadora explicó a sus empleados que "las medidas adoptadas por Trabajo generaron restricciones significativas sobre servicios esenciales para la operación".
En ese marco, detalló que permanecían "afectados el abastecimiento de combustible, la disponibilidad de camiones atmosféricos y de vehículos de apoyo, entre otros recursos críticos". Y agregó: "Resulta complejo mantener personal en campamento sin condiciones adecuadas de abastecimiento y soporte operativo".
La compañía fue más allá y anticipó que "no descarta avanzar en acciones judiciales resarcitorias por el daño ocasionado".
La reacción del Gobierno provincial
Desde la Provincia apuntaron que en el ámbito minero de Santa Cruz se "generó fuerte malestar ante la decisión de bajar personal del yacimiento en medio de las inspecciones y de las exigencias planteadas por los organismos provinciales".
"Es preocupante que frente a controles destinados a verificar el cumplimiento de las normas y garantizar condiciones seguras de trabajo, la respuesta termine generando mayor incertidumbre entre los trabajadores", agregaron.
El Gobierno provincial también remarcó que "Santa Cruz lleva años desarrollando la actividad minera con licencia social, controles estatales y presencia sindical. Nunca debería resultar extraordinario que la Provincia ingrese a un yacimiento para controlar condiciones de seguridad y exigir el cumplimiento de la legislación vigente".
Finalmente, subrayaron que "la minería es una actividad fundamental para la economía provincial, pero su desarrollo necesariamente debe estar acompañado por responsabilidad empresarial, respeto por las normas y protección de los trabajadores". Y sentenciaron: "La seguridad no puede discutirse, negociarse ni quedar subordinada a una decisión empresarial".
