Ninguna de las 13 mineras del RIGI mostró su informe ambiental: qué esconden

Un relevamiento sobre las operaciones mineras alcanzadas por el RIGI encendió las alarmas: el 66% de los proyectos evaluados presenta niveles insatisfactorios de transparencia ambiental y fiscal. El dato surge de un informe de la Asociación Civil Inteligencia Colaborativa para el Desarrollo (ICD) y del Observatorio RIGI, que además advirtió sobre la opacidad del Gobierno y el secreto fiscal que tapa a los beneficiarios finales y los empleos reales.

El universo analizado no es menor. Nueve de cada diez iniciativas vinculadas al régimen se concentran en hidrocarburos (Vaca Muerta) y en la minería del litio y el cobre. La pregunta que sobrevuela es cuánto de esa actividad derrama en un desarrollo sustentable. Según los organismos, la respuesta bajo la arquitectura del RIGI, el DNU 70/2023 y la Ley de Bases no es positiva. Entre 2025 y julio de este año, el sector de los hidrocarburos generó una demanda de divisas por motivos financieros de 4.832 millones de dólares.

Qué midió el Índice de Transparencia de la Minería Argentina

El trabajo del ICD se apoya en su Índice de Transparencia de la Minería Argentina (ITMA), que evaluó 13 operaciones y proyectos de cobre, oro, plata y litio distribuidos entre Salta, Jujuy, Catamarca, San Juan y Santa Cruz. Se revisó la publicación y actualización de información ambiental, la difusión de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), los mecanismos de participación ciudadana y las respuestas a los pedidos de acceso a la información pública.

El resultado fue contundente: dos tercios de los proyectos quedaron en un nivel insatisfactorio. “El sector minero argentino es muy oscuro, y desde el punto de vista ambiental no nos ha ido bien con estas prácticas. Necesitamos que implementen medidas de transparencia activa para fortalecer la confianza alrededor del desarrollo minero”, afirmó Juan Manuel Perez Naufel, director ejecutivo del ICD.

El desglose muestra que apenas el 33% alcanzó un nivel alto de transparencia ambiental, el 42% se ubicó en un escalón medio y el 25% quedó en niveles bajísimos. Los mejores desempeños fueron para Salar del Rincón, Salar de Olaroz y Salar del Hombre Muerto–Fénix, los tres operados por Río Tinto. En el otro extremo aparecen Casposo (Austral Gold), Minera Gualcamayo (Aisa Group), Los Azules (McEwen Cooper), Veladero (Barrick-Shandong Gold) y Cerro Vanguardia (AngloGold Ashanti).

El dato que más incomoda: cero informes entregados

El punto más delicado del relevamiento apareció al analizar el acceso directo a la documentación. Según las conclusiones del informe, “ninguna de las 13 operaciones evaluadas remitió el Informe de Impacto Ambiental (IIA) solicitado por el equipo de investigación”. Solo dos empresas contestaron pedidos de información ambiental y apenas un proyecto, Salar del Rincón, publica un extracto de su IIA en canales propios.

Los autores remarcaron que el problema central no pasa por la falta de estándares normativos o ambientales, sino por la apertura de la información y la capacidad de responder a las consultas de la sociedad. Por eso propusieron avanzar hacia un modelo de Transparencia Activa con cuatro ejes: publicar de forma accesible los IIA y las DIA con sus actualizaciones, centralizar la documentación en sitios accesibles, establecer canales efectivos de respuesta y fortalecer la participación ciudadana con monitoreos participativos, consultas recurrentes y facilitadores territoriales.

Los 100.000 empleos prometidos y la brecha con los datos reales

La opacidad también atraviesa una de las principales banderas del oficialismo para defender el RIGI: el empleo. Desde el Ministerio de Economía sostienen que los proyectos aprobados generarán casi 100.000 puestos directos, menos de un tercio del empleo registrado que se destruyó en los últimos tres años.

Sin embargo, el Observatorio RIGI recolectó información mediante pedidos de acceso y llegó a una cifra bastante menor. “Los 37 proyectos con información disponible proyectan 14.240 empleos directos y 30.713 empleos indirectos durante la etapa de operación, lo que representa un total de 44.953 puestos de trabajo”, señala su segundo informe. La distribución territorial también muestra concentración: San Juan reúne 5.208 puestos (36,6%), seguida por Salta con 1.915 (13,4%) y Catamarca con 1.756 (12,3%).

El Observatorio ya había advertido antes sobre la ausencia de información oficial, en varios casos negada por el propio Ministerio de Economía, respecto del impacto real en la creación de puestos de trabajo detrás de los proyectos del RIGI.

Quiénes ganan de verdad: el secreto fiscal detrás del RIGI

El otro flanco de la opacidad son los beneficiarios finales, es decir, quiénes se quedan con las ganancias de proyectos montados sobre una red de sociedades en cadena. “La transparencia sigue siendo una deuda pendiente de la democracia. Aunque Argentina cuenta con un Registro Público de Beneficiarios Finales, su acceso permanece restringido, dificultando conocer quiénes reciben efectivamente los beneficios del RIGI y controlar posibles niveles de concentración económica”, sostuvo María Eugenia Marano, especialista en transparencia fiscal.

El Observatorio RIGI pidió a ARCA los datos de los beneficiarios finales de los VPU aprobados. La respuesta fue negativa mediante la Resolución RESOL-2026-5-E-ARCA-SDGINS, que invocó el secreto fiscal. “Fue una interpretación restrictiva que contradice el texto expreso de la ley que el propio organismo debe aplicar. El resultado es un manto de protección sobre quienes obtendrán las cuantiosas ganancias derivadas de la explotación de nuestros recursos naturales”, completó Marano.