Niños sin clases y una comunidad sitiada: la denuncia que agrava el conflicto minero en Peñas Negras
¿Qué encontraron los abogados de la comunidad que los llevó a preparar un amparo contra la minería? Mientras tanto, los chicos dejaron de ir a la escuela.
La Comunidad Indígena de Peñas Negras, en el norte de Belén, Catamarca, denuncia una nueva escalada de violencia vinculada al avance de la actividad minera en la zona. La abogada Andrea Morales Leanza, defensora de la comunidad, aseguró que el territorio permanece bloqueado, que hay heridos y que los niños ya no asisten a la escuela por el hostigamiento.
“La situación es muy triste, la verdad que hay mucho hostigamiento, una situación como si fuera una guerra”, afirmó Morales Leanza en Radio El Esquiú 95.3, durante el programa La Mañana de El Esquiú.
Qué denuncia la comunidad
Según la abogada, el conflicto no afecta únicamente a Peñas Negras, sino también a otras comunidades de la zona con vínculos ancestrales y económicos, como Hassumaná, en el departamento San Carlos, Salta. Peñas Negras está a unos 80 kilómetros de Laguna Blanca, en una zona de altura y difícil acceso.
Morales Leanza sostuvo que la comunidad está “sitiada”: no pueden ingresar ayudas ni salir pobladores. Además, denunció que existen videos de enfrentamientos en los que se observaría a efectivos policiales arrojando gases, y que una mujer habría resultado herida en los episodios recientes.
“Hay mucho miedo, es un miedo que es muy profundo para los pobladores”, expresó.
El proyecto Aguas Calientes
El conflicto está relacionado con el proyecto Aguas Calientes, ubicado en el departamento Belén y actualmente vinculado a Amalaya S.A. La compañía informó en julio que inició una nueva etapa en el proyecto con el respaldo de nuevos inversores. En los antecedentes administrativos también aparecen Millaray S.A. como concesionaria y Elevado Gold S.A. como operadora de propiedades vinculadas a Aguas Calientes.
El reclamo por la consulta indígena
El eje jurídico del reclamo es la consulta previa, libre e informada. Morales Leanza sostiene que los permisos fueron otorgados sin cumplir ese procedimiento y cuestiona además aspectos ambientales y antropológicos.
“No se hizo en observancia de los requisitos que son en estos casos”, afirmó.
La comunidad sostiene que la actividad minera es incompatible con su forma de vida ancestral, vinculada al pastoreo de altura, la cría de llamas y ovejas y la actividad textil.
Antecedentes y nueva acción judicial
El conflicto tiene antecedentes graves. En abril de 2024, durante un operativo para permitir el ingreso de personal de Elevado Gold, se registraron enfrentamientos con comuneros y resultó herido Félix Escalante, entonces de 83 años.
Ahora, Morales Leanza anticipó que el equipo legal trabaja en una nueva presentación judicial. “Estamos con la doctora Monyao, el doctor Furque, abogado prestigioso y con un gran compromiso que han asumido con la comunidad Peñas Negras”, explicó. Y agregó: “Esperamos y confiamos que la Justicia va a poner un freno a esto”.
La abogada también advirtió sobre el impacto en la vida cotidiana: “Hay niños que dejaron de ir a clases por todo este problema”.
Finalmente, reclamó una respuesta concreta del Gobierno provincial sobre la existencia de la consulta indígena: “Les pediría que se enfoquen en consultarle al ministro de Gobierno, el Gobernador o el secretario de Asuntos Indígenas, si ellos cuentan con la consulta previa, libre, informada de la comunidad indígena de Peñas Negras”.
La comunidad ya había presentado el 6 de septiembre una denuncia ante la Fiscalía Penal de Belén por violencia, amenazas y hostigamiento, solicitando medidas urgentes y la presencia de funcionarios judiciales en el territorio.