No investigó 13 homicidios y ahora el exfiscal Yannello escuchó su sentencia
¿Qué tuvo que resolver Casación para que la perpetua de 2023 quedara atrás y el exfiscal terminara con una pena de 25 años? La respuesta está en el encuadre que eligió el tribunal.
El Tribunal Oral Federal de San Juan volvió a condenar al exfiscal federal Juan Carlos Yannello, esta vez a 25 años de prisión. La decisión llegó después de que la Cámara Federal de Casación Penal revisara la calificación legal del expediente y dejara sin efecto la prisión perpetua que había recibido en 2023.
El nuevo fallo se ajusta al reclamo del fiscal federal Dante Vega, que había solicitado el máximo de la escala penal aplicable tras el cambio de figura.
El giro que modificó el expediente
En la sentencia original de 2023, Yannello había sido condenado a prisión perpetua como partícipe necesario de delitos de lesa humanidad. La Cámara de Casación revisó esa decisión en febrero de 2026 y cambió el encuadre: los jueces Juan Carlos Gemignani y Carlos Alberto Mahiques entendieron que el exfuncionario no tuvo participación directa en los crímenes, sino que su responsabilidad pasó por no impulsar la persecución penal de esos hechos. El juez Mariano Borinsky votó en disidencia.
Con el expediente de vuelta en San Juan, el tribunal integrado por Alberto Carelli, Paula Marisi y Gretel Diamante fijó la pena en 25 años, según lo informado por el diario 0264 Noticias.
Qué dice la investigación sobre su rol
La causa sostiene que Yannello, desde su puesto en la justicia federal, aseguró la impunidad de la represión ilegal al ignorar de manera sistemática las denuncias que llegaban a su conocimiento.
La investigación le atribuyó responsabilidad en el encubrimiento de 13 homicidios doblemente agravados, tormentos agravados contra detenidos políticos y privaciones ilegítimas de la libertad, violaciones, abusos sexuales y robos.
La fiscalía pidió el tope de la escala penal, que fue el que finalmente aplicaron los jueces. La defensa del exfiscal, en cambio, había reclamado el mínimo legal previsto para esos delitos.