No la confirmaron en la Policía, ella apeló y un detalle lo cambió todo

El Gobierno de Mendoza dejó sin efecto la desafectación de una auxiliar de la Policía provincial después de comprobar que estaba amparada por el régimen de protección de la maternidad cuando se revisaba su continuidad en la fuerza.

La medida quedó formalizada a través del Decreto 1710, del 20 de agosto de 2026, impulsado por el Ministerio de Seguridad y Justicia. La agente había sido separada por no superar el procedimiento de confirmación previsto para los auxiliares policiales.

El origen del conflicto

Todo se remonta al 11 de febrero de 2025. Ese día, mediante el Decreto 239/25, el Ejecutivo había resuelto no confirmarla en el cargo de auxiliar y dejarla fuera de la Policía de Mendoza.

La mujer cuestionó administrativamente esa decisión. Entre sus argumentos planteó que el procedimiento para evaluar su continuidad había incumplido los plazos fijados y que nunca se concretó una segunda calificación de desempeño al cumplirse diez meses desde su ingreso.

También sostuvo que haber atravesado un tratamiento médico no podía tomarse como impedimento para seguir con el trámite. Según su presentación, tampoco existía un proceso disciplinario abierto en su contra y la resolución afectaba su derecho de defensa.

El dato que torció el expediente

Durante la tramitación del reclamo apareció un elemento que terminó siendo decisivo. Los informes incorporados al expediente señalaron que la funcionaria había cursado un embarazo de riesgo y después había usado la licencia por maternidad.

Sanidad Policial informó que tuvo licencia médica vinculada al embarazo desde abril de 2025. Capital Humano, en tanto, precisó que contó con licencia especial por embarazo de riesgo entre el 30 de abril y el 28 de octubre de 2025, y luego con licencia por maternidad desde el 29 de octubre de 2025 hasta el 15 de marzo de 2026.

Cuando se volvió a analizar su situación, la mujer ya estaba prestando servicio efectivo y cumpliendo tareas operativas en la Comisaría 65ª.

Qué argumentó la Asesoría de Gobierno

La Asesoría de Gobierno consideró que correspondía revertir la decisión anterior y aplicó el artículo 55 de la Ley 5811, que fija un período de estabilidad para las trabajadoras alcanzadas por la protección de la maternidad.

El dictamen también tomó como antecedente una resolución de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza de agosto de 2023. Con ese criterio, determinó que la desafectación no podía mantenerse mientras siguiera vigente aquella protección legal.

Con esos fundamentos, el gobernador dispuso dejar sin efecto el Decreto 239/25, que había determinado la no confirmación y la salida de la uniformada de la fuerza.

No está todo resuelto

La resolución, sin embargo, no confirma automáticamente a la agente como integrante definitiva de la Policía. El nuevo decreto ordena que la autoridad correspondiente complete el procedimiento previsto por la legislación y decida si corresponde confirmarla o no una vez que haya finalizado el período de protección relacionado con la maternidad.

De esta manera, el Ejecutivo retrotrajo la decisión que había separado a la auxiliar, pero dejó pendiente la resolución definitiva sobre su continuidad dentro de las Policías de Mendoza.