Noruega, Arabia Saudita y Brasil ya lo probaron: el dato que la Argentina ignora con sus inversiones

La Argentina atraviesa un momento excepcional en materia de recursos naturales: en 2025, el petróleo, el gas, la minería y la electricidad aportaron USD 15.781 millones netos al mercado de cambios, más del doble que el año anterior y el máximo desde 2003, según datos del BCRA procesados por el IAG.

En el primer semestre de 2026, esos sectores ya habían sumado USD 11.734 millones. Y a agosto, el RIGI contaba con 21 proyectos aprobados por USD 46.708 millones, 17 de ellos en minería, petróleo y gas, según el Ministerio de Economía.

Sin embargo, hay un problema de fondo: lo que esos proyectos compren en el país está regido por una sola cláusula que exige destinar a proveedores locales al menos el 20% de la inversión, siempre que haya oferta a precio y calidad de mercado. Para los especialistas, es absolutamente insuficiente.

El modelo noruego que cambió la historia

En 1972, cuando el petróleo del Mar del Norte recién empezaba a fluir, Noruega estableció una regla para las petroleras que operaban en su plataforma marina: usar bienes y servicios noruegos cuando fueran competitivos en calidad, plazo y precio, e invitar a empresas locales a cada licitación.

Años después, sumó la obligación de realizar en el país al menos la mitad de la investigación vinculada a cada área. El fondo soberano que hoy se cita como ejemplo llegó recién en 1990, cuando ya se había formado una industria nacional de proveedores capaz de trabajar en el Mar del Norte.

Cada pozo y cada mina arrastran una lista de compras que dura décadas: tubos y válvulas, bombas y compresores, transformadores, cables, reactivos, software, ingeniería y mantenimiento. En esa lista está buena parte del empleo industrial que puede dejar el ciclo de los recursos naturales. También están los dólares, porque cada equipo importado se paga con divisas.

Arabia Saudita y Brasil: la lógica del comprador fuerte

Arabia Saudita aplicó la misma lógica con su petrolera estatal. Desde 2015, Saudi Aramco califica a cada proveedor con un puntaje que mide sus compras locales, los salarios y la capacitación de trabajadores sauditas, el desarrollo de proveedores y la investigación en el país. Ese puntaje es uno de los componentes centrales para adjudicar sus licitaciones.

La parte de sus compras realizada en el Reino pasó de 35% en 2015 a 67% en 2024, y en febrero de este año la empresa anunció que alcanzó su meta de 70%. Según Aramco, el programa atrajo más de 350 inversiones de 35 países y permitió fabricar allí 47 productos estratégicos por primera vez.

Brasil, con las compras de Petrobras y reglas de contenido local, logró que su industria naval llegue a emplear a más de 80.000 trabajadores a fines de 2014. Con la crisis que siguió, los astilleros quedaron con unos 15.000 puestos. La recuperación volvió a apoyarse en el mismo comprador.

En abril de 2025 el empleo naval llegaba a 32.000 puestos, según Sinaval, la cámara del sector. En mayo, la presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, anunció que la empresa contratará 48 embarcaciones hasta fines de 2026, con al menos 40% de contenido nacional.

Indonesia: la advertencia sobre los socios productivos

Indonesia prohíbe desde 2020 la exportación de níquel en bruto, obligando a su procesamiento y refinamiento local. Pero al no exigirse por ley el uso de proveedores nativos ni la transferencia tecnológica, los capitales chinos pasaron a controlar cerca del 75% de la capacidad de refinación.

China provee tanto la maquinaria como el ácido sulfúrico de las plantas, operando con una cadena de suministro preestablecida. El escenario demuestra que el formato y los socios productivos son clave, y que el reto pendiente para Indonesia es consolidar el conocimiento técnico dentro de sus fronteras.

Compras públicas: Estados Unidos y Malasia marcan el camino

Estados Unidos, que suele presentarse como modelo de mercado abierto, exige que los productos que compra su gobierno federal se fabriquen en el país y que más del 65% del costo de sus componentes sea nacional, un piso que sube al 75% en 2029.

En el sudeste asiático, Malasia asigna desde marzo de 2026 sus incentivos industriales con un puntaje que pondera los encadenamientos con proveedores locales, y la empresa que incumple lo comprometido pierde el beneficio del período.

Qué tiene la Argentina para construir

En el país se diseñan y fabrican equipos de fractura y cementación en Mar del Plata, tubos sin costura en Campana, recipientes a presión en Esperanza, Santa Fe, y herramientas de punzado en San Rafael, Mendoza.

El sistema nuclear formó a lo largo de décadas proveedores como INVAP, la empresa rionegrina que construyó el reactor de investigación de Australia, y CONUAR, que fabrica los combustibles de las centrales. Sin embargo, desde fines de 2024, el Gobierno le quitó todos los recursos y frenó la obra del CAREM, el reactor modular de diseño argentino.

Hay con qué, pero Milei elige no gobernar un país mejor.

Neuquén: negociar con las operadoras

Neuquén mostró que el Estado puede negociar con las operadoras y obtener más de lo previsto. Su gobernador, Rolando Figueroa, contó a EconoJournal que les exigió pagar por el ingreso a las áreas, asociarse con la empresa provincial de hidrocarburos y financiar un instituto de formación y programas de empleo.

En una de esas negociaciones, las petroleras “pensaban pagarme 100 millones y termino sacando 500”, relató Figueroa. El gobernador calcula que casi 5.000 empresas de otras provincias participan del costo de cada barril, y promete un fondo soberano que empezaría a ahorrar en 2028.

El desafío de la escala nacional

La experiencia noruega sugiere que la otra mitad del trabajo, la de formar proveedores, necesita una escala nacional. La Unión Industrial Argentina y la Cámara Argentina de Empresas Mineras relevaron con el BID más de 70 proyectos mineros que requieren más de USD 50.000 millones de inversión.

Encontraron que los proveedores locales chocan con límites de escala, certificación, financiamiento y coordinación entre la oferta y la demanda. Esos límites se corrigen con contratos de varios años, crédito atado a las órdenes de compra y laboratorios que certifiquen los equipos. O sea, con la participación activa del Estado.

La propuesta del IAG

En el IAG lo piensan dentro del Plan Productivo-Industrial y de Servicios 2027-2031, a partir de un principio de reciprocidad: cada beneficio del Estado se otorga contra metas verificables de compras locales, empleo, ingeniería y exportación, con plazos, información pública y pérdida del beneficio ante el incumplimiento.

Para la minería, el Plan propone programas de proveedores atados a cada gran proyecto de cobre, con metas de integración de pymes y de formación técnica regional, y un contenido local en el litio que pase del 20% al 40% en cinco años. Medir ese contenido por el valor agregado nacional evita que un ensamblado de insumos importados cuente como producción argentina.

Un acuerdo federal de proveedores

La cadena de suministro cruza provincias en un entramado federal. El petróleo y el gas salen sobre todo de la cuenca neuquina, el cobre y el litio están en San Juan, Salta, Catamarca y Jujuy, y buena parte de los equipos se fabrica en Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

Un acuerdo federal de proveedores, con las compras de cada gran proyecto publicadas con tres a cinco años de anticipación y crédito para que las fábricas inviertan antes de cada licitación, permitiría que lo que cada provincia negocia por su cuenta se convierta en empleo industrial en todo el país.

La objeción conocida dice que comprar en el país encarece los proyectos. Noruega y Arabia Saudita lo exigieron y siguieron atrayendo inversión extranjera. La cuestión es que las inversiones funcionan frente a la demanda, pero en estos grandes sectores se puede calcular buena parte de la demanda futura.

Los recursos van a seguir saliendo del subsuelo durante décadas. Lo que se define ahora es cuánto de esa actividad se convierte en industria y en trabajo registrado para una sociedad de 47 millones de personas.