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El Gobierno aplicará el “poder tarifario” en las facturas de electricidad: cómo afectará a usuarios y empresas

Después de haber escuchado los reclamos de las principales distribuidoras de electricidad de la Argentina, el Gobierno ya tiene definido el aumento que permitirá cobrar por el servicio de electricidad que brindan empresas como Edesur y Edenor.

El monto, que será anunciado en las próximas semanas en forma de porcentaje, estará alejado de las pretensiones de las compañías propiedad del grupo italiano Enel y de una sociedad controlada por los empresarios locales Daniel Vila; José Luis Manzano y Mauricio Filibertti.

Por estas horas, el titular del Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE), Walter Martello, está terminando de definir dicho incremento, tras haber participado de la audiencia pública organizada por el organismo para debatir el sendero tarifario que tendrá el servicio de electricidad durante todo el 2023, en el marco del proceso de segmentación ya establecido por la Secretaría de Energía de la Nación.

Está claro que los retoques en las facturas que comenzarán a recibir los usuarios en los próximos meses no serán los solicitados por las distribuidoras que, de este modo, deberán continuar operando con sus finanzas complicadas y un escenario de inestabilidad sobre sus actividades futuras porque no podrán cubrir los costos operativos, de capital y el pago de los impuestos, así como tampoco podrán abonar la cuenta por la compra de la energía.

Aumento de electricidad: futuro incierto

Tanto desde Edenor como desde Edesur se expusieron en las audiencias públicas virtuales los problemas que ambas sufren por el mecanismo con el que el Gobierno actualiza las tarifas.

En este sentido, remarcaron que la distribución no recibe subsidios del Estado y, sin embargo, obtuvo en los últimos años aumentos menores que el resto, por debajo de la inflación, de los ajustes de otros servicios y de los salarios.

Tanto Edenor como desde Edesur expusieron sus problemas en las audiencias públicas virtuales

Del mismo modo, sostuvieron que los ingresos por tarifas no les permiten cubrir sus costos y recordaron que no distribuyen dividendos desde hace años.

En el caso de Edenor, sus ejecutivos reclamaron $205.760 millones para cubrir el déficit de 2023 y continuar con inversiones para la mejora en el servicio, con un aumento demandado que implica que el 80% de los clientes residenciales, en promedio, paguen una factura de $2.757 mensuales.

Además, contaron en la audiencia que solo aumentaron sus precios en 8% durante el año pasado, detallaron que del total de la factura que llega a los usuarios recibe un 20%, remarcaron que mientas la inflación en el GBA fue de 95,2% en 2022, el impacto que tuvo el incremento de Edenor en ese índice fue de 0,02%, y repitieron que las pérdidas que sufrió la empresa fueron de $35.446 millones en 2021 y de $18.107 en los primeros nueve meses de 2022.

A partir de este escenario, Federico Mendez, gerente de Planeamiento de Edenor, anticipó un preocupante panorama para la distribuidora.

“Si nada cambia, los ingresos de Edenor no van a ser suficientes para cumplir con todas sus obligaciones. Nos comprometemos a realizar las inversiones pero los ingresos no van a alcanzar para las compras de energía y los impuestos”, dijo el ejecutivo.

Del mismo modo, Jorge Lemos, gerente de Regulación de Edesur, destacó que el Gobierno viene postergando hace tres años la realización de la revisión tarifaria integral (RTI) por la que se debe establecer la tarifa a cobrar por las empresas.

El Gobierno ya tiene definido el aumento que permitirá cobrar a las empresas energéticas

“Nos encontramos en un régimen de obligaciones sin su correspondiente retribución porque los subsidios son para solventar el costo entre producir la energía y lo que pagan los usuarios. La distribución eléctrica no recibe ningún tipo de asistencia”, argumentó durante su exposición.

Advirtió también que la empresa tiene que afrontar aumentos de costos constantes, lo que claramente es insostenible ante ingresos que no son suficientes para cubrir los costos operativos provenientes de tarifas o subsidios.

“Es imprescindible comenzar un proceso de RTI, para alinear la remuneración con un mecanismo de actualización”, subrayó.

Los ingresos de Edenor y Edesur, sin cambios

Sin embargo, el Gobierno está decidido a mantener el rumbo establecido por los recortes de subsidios y una diferenciación de precios según el poder adquisitivo de los usuarios.

También continuará el esquema de revisión tarifaria transitoria anunciado por el presidente Alberto Fernández en el 2020 y que debía haber finalizado el año pasado, pero que se prolongará, por lo menos hasta diciembre próximo.

Del mismo modo, se contemplan subas que no superen los niveles de inflación mensuales que el propio Gobierno apunta a que se reduzcan durante este 2023, a pesar de que los economistas privados ya anticipan para enero un índice cercano al 6%.

El ENRE les va a exigir a las empresas un plan de inversión

De esta forma, los futuros incrementos seguirán sin ir a parar a las arcas de las compañías ya que las autoridades nacionales decidieron no actualizar de manera periódica el llamado Valor Agregado de Distribución (VAD), resultante de los costos operativos más amortizaciones y rentabilidad.

Por lo tanto, y más allá del aumento que definan las autoridades, los ingresos de Edenor y Edesur se mantendrán sin cambios, lo cual podría profundizar la crisis financiera y de caja que ambas empresas vienen acumulando desde hace años por la falta de actualización de este componente y por el eterno congelamiento de tarifas dispuesto por los sucesivos gobiernos kirchneristas.

No van a obtener la tarifa que piden, sino que van a obtener la que los usuarios pueden pagar en el actual contexto social”, advirtió Martello en su presentación en la audiencia llevada cabo este pasado lunes 23 de enero.

Ordenamiento sin inflación

El titular del ENRE aclaró que el interés oficial está puesto “en que las tarifas se ubiquen dentro de la verdadera capacidad de pago de los usuarios del servicio, y que abonar dicho servicio no implique un esfuerzo excesivo sobre la economía familiar”.

Para Martello es fundamental que el ordenamiento tarifario vaya por el mismo carril que los demás precios, ofreciendo así una mirada que contempla el impacto que un aumento como el que piden las distribuidoras del 100% podría tener en la inflación de los próximos meses teniendo en cuenta que el propio ministro de Economía, Sergio Massa, anticipó que se reducirá de forma importante.

Por ese motivo, también apeló al Estado como dueño del “poder tarifario”, al estilo de países como Brasil, Chile, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador, cuyas regulaciones incluyen la implementación de subsidios intra-demanda y/o basados en una estratificación socioeconómica.

Desde Edesur advierten que el Gobierno viene postergando hace tres años la realización de la revisión tarifaria integral (RTI) 

Más inversiones de las energéticas

Si bien Edesur y Edenor dedicaron gran parte de sus exposiciones a resaltar las millonarias inversiones que encararon en sus servicios en los últimos 10 años para sostener sus operaciones a pesar de gerenciar un negocio “a pérdida”, el titular del ENRE aseguró que se las obligará a incrementar esos desembolsos.

El organismo les va a exigir a las empresas Edenor y Edesur un plan de inversión que será auditado por nosotros y que deberá garantizar en las áreas de concesión un servicio eficiente y de calidad”, señaló el funcionario.

En sus exposiciones, las empresas habían detallado los montos invertidos en sus servicios como en el caso de Edenor que entre el 2020 y el 2022, mejoró la calidad del servicio y la atención comercial tomando deuda para realizar inversiones por $96.784 millones.

Sus representantes señalaron que en este período de tres años con ingresos escasos, igualmente Edesur pudo mejorar la calidad del servicio y la atención comercial; se endeudó para realizar inversiones para mejorar en un 53% el tiempo medio de duración de los cortes por usuario (SAIDI).

En el caso de Edenor, sus ejecutivos señalaron que a pesar de no recibir ningún tipo de subsidios del Estado Nacional; no haber podido distribuir ganancias en los últimos 21 años, todos sus ingresos fueron invertidos en la red en los últimos 10 años, período en el cual desembolsó u$s2.000 millones.

Como resultado de ese plan, la duración de los cortes se redujo de 33 horas en 2014 a menos de nueve horas por año por cliente en el 2022, lo que implica una mejora del 73% en la duración de los cortes.

Fuente: iprofesional.com

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