Notificaron a 11 exfuncionarios por el Acueducto Gran Tulum: quiénes son y qué se les atribuye

La causa por presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum entró en una etapa clave: el Ministerio Público Fiscal de San Juan notificó a once exfuncionarios sobre la existencia del expediente y los derechos que les corresponden. La medida, dispuesta por la UFI Delitos Especiales, no implica imputación ni responsabilidad penal, según aclararon desde el organismo.

La comunicación se realizó durante la mañana de este viernes y alcanza a nombres de peso en la política provincial, entre ellos el actual vicegobernador y exgobernador Sergio Mauricio Uñac, primo de Gustavo Horacio Monti, fallecido y señalado como representante de la firma adjudicataria en la provincia.

Quiénes son los notificados

La lista la integran Julio César Ortiz Andino, ministro de Infraestructura entre 2015 y 2023; Gustavo Fabián Mastelono, presidente de Krah América Latina S.A., la empresa adjudicataria de la obra; Cristian Felipe Andino, expresidente de OSSE entre 2011 y 2015 y actual diputado nacional; y Sergio Fabián Ruiz, expresidente de OSSE entre 2015 y 2019 y hoy asesor del senador Uñac.

También fueron alcanzados Humberto Gonzalo Caballero, exjefe del departamento jurídico de OSSE y actual juez laboral; Juan Carlos Caparros, expresidente de OSSE entre febrero y diciembre de 2019; Guillermo Nicolás Sirerol, expresidente de OSSE entre 2019 y 2023; Juan Antonio Sánchez, funcionario de OSSE vinculado a la implementación del acueducto; Francisco José Javier Correa, auditor técnico y gerente de obras de la repartición; y Rolando Vicente Caruso, jefe del departamento de proyectos de OSSE.

Qué implica la notificación

Según explicó el Ministerio Público, el objetivo es que las personas individualizadas conozcan que hay una investigación en curso y puedan ejercer los derechos que prevé el Código Procesal Penal de San Juan. Entre ellos, designar un abogado particular o pedir un defensor público, y requerir al fiscal información sobre los hechos investigados y las diligencias realizadas o pendientes.

El artículo 338 del código provincial establece que, cuando un posible autor está individualizado, debe comunicársele la existencia de la investigación. Los hechos atribuidos, la calificación legal y el grado de participación que eventualmente corresponda a cada persona recién se expondrían en una audiencia de formalización, si Fiscalía decide avanzar ante un juez de Garantías.

Una causa que arrancó en diciembre

El expediente se inició en diciembre de 2025 a partir de una denuncia del abogado Marcelo Arancibia, basada en publicaciones periodísticas sobre posibles irregularidades en la megaobra. Los fiscales Francisco Pizarro y Sebastián Gómez, de la UFI Delitos Especiales, llevaron adelante medidas de prueba, y la jueza de Garantías Mónica Lucero autorizó una extensión del plazo de investigación preliminar.

A comienzos de septiembre, la Justicia allanó oficinas de Krah, una de las proveedoras de los caños del acueducto. Se secuestraron documentación y computadoras que ahora serán sometidas a peritajes. La investigación busca establecer si los materiales cumplían con las condiciones exigidas y si existieron eventuales sobreprecios.

El antecedente que apuró los tiempos

La decisión de notificar tomó fuerza después de que el abogado Nasser Uzair se presentara como representante de los expresidentes de OSSE Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol. Su pedido para acceder a la causa fue rechazado porque, en ese momento, ninguno había sido notificado como investigado ni tenía carácter de parte. Con las comunicaciones de ahora, esa situación procesal cambió.

Qué puede pasar

Fiscalía tiene tiempo hasta los primeros días de noviembre para definir el futuro de la investigación preliminar: pedir ante un juez la formalización de la Investigación Penal Preparatoria, desestimar la denuncia o archivar el expediente. La denuncia original mencionó posibles delitos como negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales, defraudación, dádivas, administración fraudulenta y violación de los deberes de funcionario público. Esas figuras son hipótesis a analizar con las pruebas reunidas y no constituyen una imputación formal contra los notificados.