Nueva bomba judicial en Londres: los fondos del Cupón PBI le piden a la Argentina otros 1600 millones de euros

Los fondos acreedores no se conforman con los 1600 millones de euros que ya les adeuda la Argentina. Acaban de presentar una demanda en Londres para duplicar esa cifra. ¿Qué argumentan ahora y cómo responde el país ante esta nueva embestida legal?

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Nueva bomba judicial en Londres: los fondos del Cupón PBI le piden a la Argentina otros 1600 millones de euros

La presión sobre las arcas del Estado argentino se intensifica en los tribunales británicos. Los fondos que ya tienen una sentencia firme por 1600 millones de euros presentaron una nueva demanda para reclamar una suma idéntica adicional, argumentando que el país no cumplió con el método de cálculo ordenado por la justicia. Este movimiento redobla la apuesta en el largo litigio por la manipulación de estadísticas del Indec.

La presentación judicial se conoció este lunes y fue realizada el viernes 13 en los tribunales de Londres. En ella, los demandantes, comandados por Palladian Partners, sostienen que la Argentina incumplió la orden judicial sobre cómo calcular los pagos de los bonos atados al crecimiento económico (PBI).

Este supuesto incumplimiento no se limitaría al año de la sentencia original, sino que se extendería al menos a otros tres ejercicios. Por este motivo, los fondos exigen que se recalculen los pagos correspondientes a los cupones PBI de los años 2017, 2021 y 2022.

¿Cuál es el monto en disputa?

La diferencia entre lo que el país pagó y lo que, según los acreedores, debería haber abonado en esos períodos es abismal. Los fondos estiman que la deuda recalculada suma casi otros 1600 millones de euros, lo que prácticamente duplicaría el monto total de la condena que ya pesa sobre el Estado nacional.

El reclamo de base de todo este litigio se remonta a la gestión kirchnerista. Los fondos acusan a la Argentina de haber dejado de publicar el dato del PBI del último trimestre de 2013 y de haber cambiado la fórmula de cálculo, anunciando luego un crecimiento anual de 3,2%, una cifra que se ubicó justo por debajo del 3,3% que activaba el pago de los cupones.

Los demandantes están convencidos de que, de no haber mediado esa alteración en la metodología del Indec, el país hubiera estado obligado a pagar los intereses de los cupones en los períodos 2014-2018, además de 2021 y 2022.

Un frente legal que se expande

Palladian y otros tres fondos obtuvieron una sentencia firme e impaga por los 1600 millones de euros originales, más intereses. Hasta el momento, solo lograron cobrar 300 millones de euros que estaban depositados como garantía durante el proceso de apelación que la Argentina llevó ante la Corte Suprema británica, la cual desestimó el reclamo nacional en junio de 2024.

Ante la falta de pago, la estrategia de los beneficiarios del fallo ha sido intentar cobrar mediante embargos a activos argentinos en el exterior. La nueva demanda por otros 1600 millones representa una ampliación agresiva de esa ofensiva legal, buscando extender la condena a años adicionales.

El caso del Cupón PBI tiene, además, la complejidad de desarrollarse en dos frentes geográficos simultáneos. Así como existían versiones de los bonos en dólares y en euros, hay causas abiertas tanto en Londres como en Estados Unidos.

Mientras en el Reino Unido la justicia ya falló en contra del país, en Estados Unidos el proceso sigue su curso. Allí, el Gobierno argentino le pidió este lunes a la jueza Loretta Preska –quien también lleva el caso YPF– que deseche una demanda similar presentada a principios de año por un grupo liderado por Aurelius Capital, referida a los cupones PBI en dólares.

Los fondos en la causa estadounidense argumentan que los fallos definitivos del Reino Unido deberían ser vinculantes para la justicia de EE.UU., un eje que se ha convertido en central para su estrategia legal. La respuesta del Estado argentino fue solicitar el rechazo de esa pretensión, marcando una clara postura de defensa en ambos frentes judiciales.

Este nuevo capítulo judicial deja al descubierto la persistente vulnerabilidad financiera del país frente a los acreedores litigantes y plantea un desafío multimillonario para la gestión de la deuda externa.

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