Nueva ley penal juvenil: El defensor de Santiago del Estero revela el polémico detalle que podría tumbarla

El titular del Ministerio Público de la Defensa de Santiago del Estero, Enrique Billaud, analizó con lupa la flamante Ley 27.801, que baja la edad de imputabilidad a 14 años. En una entrevista exclusiva con *Radio Panorama*, el funcionario no solo cuestionó la efectividad de la norma para combatir la inseguridad, sino que adelantó una posible batalla legal que podría frenar su aplicación antes de que entre en vigor.

La ley, publicada en el Boletín Oficial el pasado 9 de marzo, establece que los adolescentes de entre 14 y 18 años que cometan delitos tipificados en el Código Penal podrán enfrentar sanciones penales, incluyendo la privación de la libertad. Billaud consideró que el tratamiento legislativo fue “exprés”, aunque reconoció que el debate de fondo se arrastra desde hace varios años.

¿Una solución equivocada al problema?

Uno de los puntos más críticos que planteó el defensor santiagueño es la efectividad real de la medida. Según las estadísticas que maneja, los delitos cometidos por menores a nivel nacional representan apenas entre el 2% y el 3% del total. “No es un número que permita tomar una medida tan grave como bajar la edad de imputabilidad”, sostuvo con firmeza.

Billaud remarcó que el foco debería estar en las causas profundas. Explicó que muchos de los menores involucrados en hechos delictivos provienen de contextos sociales extremadamente vulnerables, marcados por problemas familiares graves, falta de escolarización y situaciones ligadas a las adicciones.

“Un niño o adolescente que no está escolarizado o que carece de contención familiar tiene mayores posibilidades de caer en situaciones de calle o consumo de drogas, lo que muchas veces termina derivando en la comisión de delitos”, argumentó. Para él, el Estado tiene responsabilidades primarias en áreas como educación, salud, prevención de adicciones, promoción del deporte e inserción laboral, que son clave para la prevención.

La bomba jurídica que podría estallar

Más allá del debate social, Billaud encendió una alerta sobre posibles vicios en la propia ley. Planteó serias objeciones jurídicas, al considerar que la normativa podría estar invadiendo competencias que, según la Constitución, corresponden exclusivamente a las provincias.

El problema, según su análisis, radica en que la ley incluye disposiciones de carácter procesal que deberían ser reguladas por cada jurisdicción provincial. Esta superposición podría derivar directamente en planteos de inconstitucionalidad. “El Congreso podría haber modificado solamente los artículos vinculados a la edad de imputabilidad y al máximo de la pena, dejando que cada provincia establezca su procedimiento”, señaló.

Además, cuestionó la proporcionalidad de las sanciones, ya que la nueva ley fija un máximo de 15 años de pena para los menores, un punto que seguramente será objeto de controversia en los tribunales.

Acciones judiciales a la vista

El defensor no se quedó solo en la crítica y adelantó movimientos concretos. La ley tiene un plazo de 180 días desde su publicación para entrar en vigencia, y Billaud anticipó que en ese período podrían presentarse acciones judiciales para impugnarla.

Reveló que el tema será analizado en una próxima reunión del Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina. En ese ámbito, se evaluará formalmente la posibilidad de impulsar una acción de inconstitucionalidad a nivel nacional.

Billaud también criticó el proceso de debate de la ley, señalando que no se escuchó a sectores especializados clave, como asociaciones de psiquiatras, psicólogos y organismos dedicados a la defensa de los derechos de niños y adolescentes. “No es un tema para tratar a la ligera. Habrá que ver qué consecuencias tiene en el futuro cuando comiencen a plantearse las acciones judiciales”, concluyó, dejando en el aire la posibilidad de que esta reforma penal termine primero en los estrados judiciales que en las comisarías.