Nueva prueba complica al empresario condenado por abusar de su hijastra durante 19 años

El empresario J.R., declarado culpable por un jurado popular de abusar sexualmente de su hijastra durante casi dos décadas, enfrenta ahora una nueva evidencia que podría pesar en su condena. La Justicia neuquina incorporó este lunes una prueba adicional en la etapa de cesura, donde se definirá cuántos años pasará en prisión.

La audiencia, presidida por el juez de garantías Juan Guaita, aceptó el pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) para sumar un elemento vinculado a un hecho ocurrido después del juicio por jurados. Según informaron desde Fiscalía, esta prueba será considerada al momento de establecer la pena, un proceso conocido como cesura.

¿Qué es la cesura y por qué es clave?

Tras el veredicto de culpabilidad emitido el 1 de julio, el caso entró en una fase donde las partes presentan agravantes y atenuantes. El juez deberá determinar los años de prisión dentro de la escala legal, que podría llegar hasta los 35 años. La Fiscalía ya anticipó que pedirá unos 30 años, lo que marcaría un precedente en la provincia.

La defensa, por su parte, solicitó un plazo de 20 días para analizar la nueva evidencia, argumentando que se incorporó después del juicio. El magistrado accedió al pedido, garantizando así el derecho de defensa del imputado.

Prisión preventiva: prórroga y traslado

En la misma audiencia, el juez prorrogó por tres meses la prisión preventiva que cumple J.R. Esta medida comenzará a regir cuando venza la actual, prevista para el 18 de agosto. Así, el condenado permanecerá detenido al menos hasta noviembre, aunque se espera que la pena se defina antes.

La Fiscalía había solicitado la prórroga argumentando que, tras la condena, la prisión domiciliaria con control electrónico resultaba insuficiente. Cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ya había revocado ese beneficio, luego de que un Tribunal de Impugnación lo otorgara. El máximo tribunal provincial consideró arbitraria esa decisión y ordenó el traslado del empresario a una dependencia policial en Neuquén capital.

La resolución del TSJ llegó después de varios días de protestas de vecinos del barrio privado donde residía J.R., quienes rechazaban su presencia. El MPF había cuestionado la decisión del Tribunal de Impugnación por considerar que no garantizaba la tutela judicial efectiva de la víctima y que carecía de perspectiva de género.

El caso que conmocionó a Neuquén

J.R. fue hallado culpable por unanimidad de abusar sexualmente de la hija de su pareja durante 19 años, desde que era una niña hasta su adultez. Los cuadernos donde el empresario obligaba a la víctima a detallar los abusos fueron clave en el veredicto. Según la acusación, los hechos ocurrieron en la vivienda familiar, pero también en oficinas de sus empresas, hoteles durante viajes y hasta en un camión de transporte de mercadería.

El delito imputado fue abuso sexual con acceso carnal continuado, agravado por el daño a la salud física y mental de la víctima, por ser su guardador y por aprovechar la convivencia cuando era menor, en concurso ideal con corrupción de menores.