Nuevas revelaciones sacuden el caso Érika Álvarez: drogas y una sospechosa oferta de defensa

El principal acusado por el femicidio de la joven tucumana enfrenta nuevas y graves acusaciones que podrían complicar aún más su situación legal. Un imputado por encubrimiento declaró que Felipe “El Militar” Sosa le ofrecía venderle cocaína, mientras que el abogado defensor de este último fue denunciado por intentar “comprar” a otros procesados para que cambien de defensa.

Nicolás Navarro Flores, uno de los imputados en la causa, brindó un testimonio clave ante el fiscal Pedro Gallo. Según su declaración, Sosa, el principal sospechoso del crimen de Érika Álvarez, le ofrecía constantemente venderle cocaína en grandes volúmenes. Las propuestas de negocios ilegales alcanzaban montos de hasta dos millones de pesos.

“Le decía que no tenía esa plata y él siempre me respondía que le tirara algo y después veríamos”, relató Navarro Flores sobre las insistentes ofertas del acusado. Este vínculo comercial ilícito se habría mantenido en el tiempo, según la versión del testigo.

¿Qué le entregó Sosa el día del crimen?

El testimonio se vuelve aún más revelador al referirse al día específico del homicidio. Navarro Flores aseguró que, en esa jornada, Felipe Sosa le entregó dos elementos perturbadores: una “piedra” de cocaína que podría superar los 200 gramos de peso y una misteriosa caja de herramientas cerrada con candado.

La curiosidad pudo más y el imputado decidió abrir la caja. Dentro, dijo haber encontrado papeles impregnados con una sustancia que, por sus características, sospecha que podrían ser drogas sintéticas como MMDA o LSD, comúnmente asociadas al ambiente de las fiestas electrónicas.

A pesar de estos fuertes indicios que conectan a Sosa con el narcotráfico, los investigadores a cargo de la causa mantienen su línea: el femicidio de Érika Álvarez no fue un crimen narco. La joven de 22 años fue asesinada en la madrugada del 7 de enero en una casa de Yerba Buena. Su cuerpo sin vida fue abandonado en un terreno baldío de Manantial Sur, donde fue descubierto al día siguiente.

Un historial previo con la marihuana

Esta no es la primera vez que Sosa es vinculado con drogas. El expediente recuerda que en 2023 ya fue investigado por la Policía, que allanó su domicilio y encontró 168 plantas de marihuana junto con todos los elementos necesarios para su cultivo. En esa oportunidad, el acusado fue sobreseído, aunque la fiscalía federal apeló esa decisión.

Las nuevas declaraciones, sin embargo, pintan un cuadro de actividades ilícitas más amplio y sofisticado, sugiriendo vínculos con la comercialización de estupefacientes y con círculos vinculados a la noche y las fiestas electrónicas.

La polémica que envuelve al abogado defensor

En un giro paralelo que añade más controversia al caso, surgió una grave denuncia contra el letrado que defiende a Felipe Sosa. Nicolás Navarro Flores también declaró que Gustavo López Peña, abogado de Sosa, se le acercó para ofrecerle asumir su defensa con el objetivo explícito de desligarlo de la causa principal.

Según el relato del imputado, López Peña le pidió que dejara a sus representantes legales actuales. Le habría asegurado que el propio Sosa se haría cargo de los honorarios y que diseñaría una estrategia legal para lograr su libertad. Ante esta propuesta, Navarro Flores no solo la rechazó, sino que decidió denunciar formalmente la situación.

Esta no sería una práctica aislada. El defensor de Jorge “Chicho” Díaz, otro de los procesados en la misma causa, presentó una acusación similar. Alegó que el abogado López Peña también intentó convencer a su defendido de que lo contratara. Los representantes legales de Justina Gordillo, pareja de Sosa e imputada por encubrimiento, sumaron su voz, afirmando que el letrado contactó a familiares de la mujer con idéntico propósito.

Gustavo López Peña asumió la defensa de Felipe Sosa recientemente, reemplazando al equipo legal inicial. Hasta el momento, el profesional no se ha pronunciado ni ha respondido a los pedidos de explicación sobre estas serias denuncias que cuestionan la ética de su intervención.

La investigación por el brutal femicidio de Érika Álvarez continúa su curso, y el panorama para el principal acusado se nubla cada vez más. Las nuevas pruebas no solo apuntan a su posible responsabilidad en el homicidio, sino que también abren la puerta a una investigación paralela por presuntas actividades de narcotráfico que salieron a la luz durante la pesquisa. La justicia tucumana deberá ahora desentrañar hasta dónde llegan estos hilos que conectan crimen, drogas y una sospechosa estrategia de defensa.