Nueve denuncias en un mes por la nueva Ley Penal Juvenil: cuántos terminaron imputados

La nueva Ley Penal Juvenil lleva un mes en vigencia en Jujuy y el primer balance oficial ya tiene números. El procurador general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Alejandro Bossatti, confirmó que en ese período se registraron nueve adolescentes denunciados dentro de la franja etaria que alcanza la normativa, aunque solo uno fue imputado.

El funcionario brindó los detalles durante una entrevista en el programa Política a las Brasas, donde repasó cómo se preparó el sistema judicial provincial y qué desafíos quedan por delante. También participó la defensora general, María Gabriela Burgos, quien puso el foco en las particularidades que enfrentan las provincias del interior.

El primer mes, en números

Bossatti recordó que el MPA ya contaba con fiscales especializados para intervenir en causas que involucran a menores de edad y que, antes de que la ley comenzara a regir, hubo reuniones entre los distintos organismos judiciales para coordinar la puesta en marcha.

Sobre las estadísticas iniciales, el procurador fue concreto: "Son nueve los que han sido denunciados, hay uno solo imputado". Para el funcionario, los números no reflejan un aumento significativo de casos, aunque aclaró que el sistema deberá seguir adaptándose a las exigencias de la normativa y que no descarta modificaciones a medida que avance su aplicación.

Qué pasa si un adolescente es detenido lejos de la capital

Uno de los puntos que más complica la implementación es el procedimiento cuando un adolescente es aprehendido en una localidad alejada de San Salvador de Jujuy, donde no siempre hay espacios específicos para alojarlo.

Según explicó Bossatti, la Secretaría de Seguridad trabaja en la capacitación del personal policial para actuar en esas situaciones. La respuesta dependerá de la gravedad del hecho: se evaluará el traslado a establecimientos adecuados o la aplicación de medidas alternativas.

"Depende de la gravedad del hecho del que estemos hablando, se solucionará con medidas preventivas alternativas de la custodia con los padres, en su caso, o familiares", señaló el procurador.

En paralelo, el funcionario informó que se avanza en el acondicionamiento de la Unidad 5 para adecuar sus instalaciones a los requisitos de la nueva legislación, y que junto al Ministerio de Seguridad se trabaja en la creación de espacios de acogida.

Las diferencias que advirtió la defensora general

María Gabriela Burgos consideró que la reforma del régimen penal juvenil era necesaria, sobre todo porque la legislación anterior provenía de la última dictadura militar y debía adecuarse a los estándares actuales de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Pero planteó reparos sobre cómo se aplica en las distintas jurisdicciones del país.

"Creo que se basó en una estructura o en una realidad que no es la realidad del interior, o no es la realidad de las provincias del interior, no es la realidad nuestra", expresó la defensora general.

Burgos explicó que Jujuy ya contaba con instituciones y procedimientos contemplados en su legislación provincial, por lo que la implementación del nuevo régimen no arrancó desde cero. Aun así, reconoció que la incorporación de adolescentes que antes no eran punibles representa un desafío para el sistema judicial, tanto en infraestructura como en recursos y organización.

Las autoridades coincidieron en que la aplicación del nuevo régimen penal juvenil exige sostener la capacitación, terminar de adecuar los establecimientos y mantener la coordinación entre los organismos judiciales y de seguridad.