Nueve departamentos de Salta, al borde del límite: la extranjerización de tierras que enciende alarmas
¿Pensabas que el tema de las tierras estaba cerrado? Nueve departamentos de Salta ya superan los límites de extranjerización y la Iglesia salió a cruzarse con el Gobierno. Enterate de los detalles que nadie te contó.
La posible derogación de la Ley de Tierras Rurales volvió a poner a Salta en el centro del debate: nueve departamentos ya superan los topes permitidos de extranjerización. Organizaciones indígenas y la Iglesia salieron a rechazar la iniciativa, mientras el gobierno de Gustavo Sáenz mira hacia otro lado.
El proyecto, que impulsa el oficialismo nacional, avanza en un contexto donde los intereses mineros y la concentración de tierras generan fuertes sospechas. El foco está puesto en Flavia Royón, del bloque Primero los Salteños, cercano al gobernador, y en los libertarios María Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita, de La Libertad Avanza, quienes ya adelantaron su voto positivo.
¿Qué dice el relevamiento del Observatorio de Tierras?
Un estudio de la UBA y el CONICET reveló cifras alarmantes: en San Carlos, el 60% de las tierras está en manos extranjeras; en Molinos, el 58%; en Guachipas, el 34%; en General Güemes, el 29%; en La Viña, el 28%; en Cerrillos, el 25%; en Orán y Cafayate, el 23% cada uno, y en Chicoana, el 16%. Muchas de estas áreas son estratégicas por su riqueza en recursos naturales.
En departamentos como San Carlos y Cafayate existen glaciares, reservas de agua clave para las cuencas hídricas, además de zonas con proyectos de litio y agroindustria a gran escala. Según el Observatorio, esto incrementa el valor de los territorios que podrían quedar desprotegidos si se flexibiliza el régimen de propiedad rural.
El trasfondo: conflictos por tierras y minería
Uno de los últimos conflictos en la provincia expuso los intereses en juego: el Poder Judicial ordenó restituir a la comunidad diaguita calchaquí las tierras de Las Pailas, en Cachi. Desde la comunidad, el conflicto se lee como parte de un escenario más amplio de expansión minera, con cateos de litio, oro y tierras raras.
El denominado "Súper RIGI", que todos los diputados nacionales por Salta votaron a favor, facilitaría el avance de proyectos extractivos sobre territorios ancestrales, ignorando la posesión contemplada en la Constitución Nacional.
Organizaciones indígenas y la Iglesia, en contra
El Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) advirtió que la iniciativa podría afectar la propiedad comunitaria indígena, bajo argumentos de seguridad jurídica y funcionamiento del mercado. Señalaron que entra en tensión con normas internacionales como el Convenio 169 de la OIT, que garantiza derechos sobre tierras tradicionalmente ocupadas y consulta previa.
La Iglesia también se pronunció. En un documento titulado "La tierra es un don de Dios, no es una mercancía", la Pastoral Social y Ecológica y el Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen (EDIPA) de la Diócesis de Orán manifestaron que la iniciativa podría profundizar la concentración de tierras y violar el artículo 75 de la Constitución Nacional sobre los derechos de los pueblos originarios.
