Nueve imputados en la causa de Pippo: lo que encontraron en el departamento de Rosario

La organización que la fiscalía describe como una "empresa criminal violenta" sumó este miércoles un nuevo capítulo judicial. Nueve personas fueron imputadas por integrar una estructura dedicada al tráfico, acopio, distribución y comercialización de estupefacientes que, según la investigación, funcionaba desde principios de 2022 en Rosario, Fray Luis Beltrán y Capitán Bermúdez, entre otras localidades del sur santafesino.

Con estas nuevas imputaciones, la causa que lleva la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario ya reúne a 13 personas imputadas.

El sindicado líder de la banda es Diego Nicolás Blanco, de 27 años, conocido como "Pippo". Está prófugo y sobre él pesa un pedido de captura con recompensa de 10 millones de pesos.

La audiencia y el vínculo con el crimen de Montenegro

Las imputaciones se formularon en una audiencia de formalización ante el juez federal de garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz. Allí el fiscal coadyuvante Franco Benetti calificó a la organización como una "empresa criminal violenta" y señaló que algunos de sus integrantes están vinculados a una investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) por el crimen del tipo mafioso de Gastón Montenegro.

Montenegro, de 25 años, fue víctima de un secuestro seguido de muerte. Su cuerpo fue hallado el 4 de julio pasado, semienterrado en un campo de Serodino, con dos disparos en el cráneo.

El magistrado tuvo por formalizada la investigación en los términos planteados por la fiscalía y dispuso distintas medidas cautelares según la situación procesal de cada imputado.

Quiénes son los imputados y qué medidas recibieron

Las nueve personas imputadas son tres mujeres —identificadas por sus iniciales como L.M.A., L.M.D. y N.A.A.— y seis varones: V.G., J.L.V., M.A.G., F.N.F., F.M.B. y J.E.F. Todos fueron detenidos en allanamientos realizados a comienzos de octubre en Rosario y localidades vecinas.

A ocho de ellos se les atribuyó la coautoría del delito de tráfico de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas, en las modalidades de transporte, acopio, distribución y tenencia con fines de comercialización. En el caso de J.E.F., la imputación fue por tráfico de estupefacientes, pero solo en la modalidad de tenencia con fines de comercialización.

A J.L.V. se le atribuyó además el acopio de armas de fuego, piezas y municiones, mientras que a V.G. se le imputó la tenencia ilegítima de un arma de fuego de uso civil.

El Ministerio Público Fiscal había solicitado la prisión preventiva efectiva por 180 días para todas las personas imputadas. El juez, sin embargo, diferenció las medidas de coerción: dispuso la prisión preventiva efectiva por 180 días para J.L.V., L.M.A. y F.M.B. —este último mientras cumple una condena—; por 90 días para V.G. y J.E.F.; y el arresto domiciliario con dispositivo de vigilancia electrónica por 90 días para F.N.F., M.A.G. y L.M.D. Para N.A.A. ordenó la libertad sujeta al cumplimiento de reglas de conducta.

Cómo empezó la investigación: un Renault Kwid y la PSA

Benetti recordó que la pesquisa se inició en 2025 como desprendimiento de otro legajo fiscal en el que se imputó a integrantes de un clan criminal que movía grandes volúmenes de cocaína proveniente de Bolivia.

En ese marco se hizo el seguimiento de un automóvil Renault Kwid vinculado con la organización. A partir de tareas de monitoreo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se detectaron presuntas maniobras de comercialización de estupefacientes y el traslado de bolsos y mochilas en un domicilio de Fray Luis Beltrán.

El 19 de diciembre de 2025 se secuestró el vehículo y se demoró a su conductor, Blanco, y a una mujer identificada como C.M. La investigación posterior permitió identificar a integrantes de la organización y determinar los roles que habrían desempeñado. Así se estableció que Blanco era el presunto líder, conocido en la causa como alias "Pippo".

Según expuso el auxiliar fiscal, "Pippo" logró fugarse y permanece prófugo. Del análisis de su teléfono surgieron indicios de que, entre el 16 y el 18 de diciembre de 2025, la organización habría adquirido y comercializado más de 20 kilos de cocaína.

El fiscal también repasó la evidencia de la investigación precedente, que vincula a Blanco con la organización investigada por el tráfico de cocaína boliviana.

"Tenemos la certeza de que el apodado 'Pippo' es efectivamente Diego Nicolás Blanco, lo que surge de una triangulación de evidencias provenientes de investigaciones a cargo de la fiscal provincial Luisina Papponi, del Ministerio Público de la Acusación, y de la realizada por el MPF. Solo en noviembre de 2025 entregó 160 mil dólares y 135 mil pesos, y le entregaron 66 kilos de cocaína", graficó Benetti.

El funcionario explicó además que se detectaron numerosos movimientos de dinero entre billeteras virtuales y cuentas bancarias de las personas investigadas, principalmente transferencias de sumas importantes a favor del prófugo Blanco.

El secuestro y la muerte de Gastón Montenegro

Al pedir que el caso se declare complejo y justificar las medidas cautelares, Benetti remarcó que en el marco de esta pesquisa "hay 13 personas detenidas y un número importante sin identificar".

El auxiliar fiscal recordó que, al margen de las nueve personas ahora implicadas, el 2 de julio pasado se había imputado a otras cuatro por la comercialización de estupefacientes, luego de allanamientos y detenciones realizados el 29 de junio. El avance de esa investigación quedó condicionado por la vinculación de integrantes de la organización con el secuestro de Gastón Montenegro.

Según la hipótesis de la fiscalía, el joven fue privado de su libertad en Capitán Bermúdez el 29 de junio y retenido en una vivienda de Fray Luis Beltrán donde se acopiaban y distribuían estupefacientes. El 4 de julio fue encontrado muerto, semienterrado en un campo de Serodino, con dos disparos en la cabeza.

Benetti señaló que "Pippo" Blanco fue identificado como presunto partícipe de ese hecho y remarcó que la investigación por narcocriminalidad permitió reunir elementos sobre los vínculos entre los integrantes de la organización. La causa por el homicidio tramita ante la justicia provincial.

Los allanamientos: armas, municiones y 3.100.000 pesos

En los más de 20 allanamientos realizados en el marco de las investigaciones coordinadas entre el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el MPA se secuestraron estupefacientes, nueve armas de fuego —entre ellas pistolas, una escopeta, un fusil y una pistola ametralladora— y cerca de mil municiones de siete calibres distintos.

"El material exige pericias químicas, balísticas y de cotejo. Hemos imputado a una organización criminal con asiento en diferentes localidades, de rasgos violentos y de rápido crecimiento", señaló el auxiliar fiscal.

Entre los procedimientos se destacó uno en un departamento de Rosario señalado como centro operativo de la organización para la distribución de LSD, marihuana y cocaína. Allí además se encontraron 3.100.000 pesos y balanzas.