Nueve meses sin tribunal: fiscales le pusieron la lupa a la Corte por el caso del exjuez Parisi
Nueve meses, dos pedidos de pronto despacho y ninguna respuesta: los fiscales Murúa y Espilocín llevaron su reclamo a la Corte de Justicia de Salta por la demora en el caso del exjuez Claudio Parisi. El detalle que complica todo, adentro.
La causa contra el exjuez Claudio Alejandro Parisi sigue sin fecha de juicio y la demora ya generó un fuerte reclamo. Los fiscales penales Daniela Murúa y Daniel Espilocín, de la Unidad creada por la Resolución de Procuración N.º 1523/24, presentaron una queja por retardo de justicia ante la Corte de Justicia de Salta, en los términos del artículo 178 del Código Procesal Penal.
La presentación, dirigida a la presidenta del máximo tribunal, Teresa Ovejero, apunta a la falta de resolución del trámite vinculado con la inhibición de la jueza Norma Palomo y, como consecuencia directa, a la integración del tribunal que deberá llevar adelante el debate contra Parisi y otros imputados por cohecho agravado.
El origen de la demora
El conflicto se remonta al 18 de diciembre de 2025, cuando Palomo, jueza de la Sala I del Tribunal de Juicio del Distrito Orán, homologó un acuerdo de juicio abreviado y dictó sentencia condenatoria contra cuatro de los imputados en la causa.
Al quedar pendiente la situación procesal de Parisi, la Unidad Fiscal recusó a la magistrada para resguardar el derecho del acusado a obtener una sentencia de un juzgador imparcial. A partir de allí se encadenaron sucesivas recusaciones e inhibiciones de distintos magistrados.
Fueron convocados para integrar el tribunal los jueces de Garantías del Distrito Tartagal Alvarado y Mariscal Astigueta. También la jueza Soledad Rodríguez y el juez Martocchia, quienes rechazaron la competencia.
Según señalaron Murúa y Espilocín, la Unidad Fiscal había advertido en un dictamen del 18 de abril de 2026 que la cuestión planteada entre esos magistrados no constituía un conflicto de competencia que debiera resolver la Corte. No obstante, las actuaciones fueron remitidas al máximo tribunal provincial.
En agosto, la Corte resolvió que la cuestión de competencia había sido incorrectamente planteada y devolvió las actuaciones al Tribunal para que se resolviera lo relativo a la intervención de Palomo. De acuerdo con la presentación fiscal, posteriormente Mariscal Astigueta y el juez Gerónimo aceptaron la inhibición de la magistrada. Sin embargo, sigue pendiente la resolución necesaria para completar la integración del tribunal que deberá llevar adelante el juicio.
Pedidos sin respuesta y una queja formal
Ante esa situación, la Unidad Fiscal presentó pedidos de pronto despacho el 7 de abril y el 7 de septiembre de 2026, al considerar incumplidos los plazos procesales para resolver la integración del tribunal. Según se consignó en la queja, hasta el momento no hubo respuesta a esas presentaciones.
Claudio Parisi está acusado de cohecho pasivo agravado (dos hechos) e incumplimiento y omisión de los deberes de funcionario público, en concurso real. Se le atribuye haber otorgado el arresto domiciliario a César Daniel Martínez, alias “Oreja”, imputado por tentativa de femicidio, quien fue posteriormente asesinado frente al domicilio donde cumplía esa medida.
En los fundamentos de la queja, los fiscales sostuvieron que la falta de resolución sobre la integración del tribunal provoca un serio perjuicio a la administración de Justicia, especialmente por tratarse de una causa de relevancia institucional en la que debe resolverse la posible responsabilidad penal de una persona que ejercía una magistratura judicial.
Murúa y Espilocín señalaron además que la situación afecta gravemente el derecho constitucional de acceso a la Justicia y el derecho del imputado a ser juzgado dentro de un plazo razonable, al impedir que pueda realizarse el debate. Calificaron como injustificado el atraso, que ya alcanza los nueve meses.
Sobre ese punto citaron jurisprudencia de la Corte de Justicia de Salta respecto de la garantía de ser juzgado en un plazo razonable, según la cual corresponde determinar si la actuación de las autoridades intervinientes durante el proceso fue conforme a derecho y, de corresponder, adoptar las medidas pertinentes.
Finalmente, solicitaron a la Corte que haga lugar a la queja, disponga la integración del tribunal y comunique al órgano interviniente que otorgue urgente trámite a los pedidos formulados, con el fin de posibilitar la realización del juicio.
MPF Salta