Nuevo estatuto de la SIDE: el detalle que quedó a cargo del Tesoro

La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), bajo la conducción de Cristian Auguadra, puso en marcha un nuevo estatuto para todo su personal. La norma, publicada en el Boletín Oficial, reemplaza el marco laboral vigente desde 2003 (Decreto 1088/03) y reordena el régimen de empleo de toda la estructura que responde políticamente al asesor presidencial Santiago Caputo.

El texto introduce una modalidad de contratación "flexible", un mecanismo previsional que traslada el déficit al Tesoro y un control estricto sobre la vida de los agentes. El ingreso a la carrera profesional se hará mediante concursos públicos anuales en la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI). Quienes egresen quedarán en una "Planta Condicional" con contratos de hasta un año, etapa previa a la confirmación en la planta permanente.

También se crea la figura del "Personal en Proyectos Especiales", que permite contratar servicios autónomos con un tope del 5 % de la planta total, y se fija un escalafón dividido en tres cuadros (A, B y C) según el nivel educativo o la procedencia de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. La "Carrera Formativa", por su parte, acumula puntos académicos para acelerar ascensos, aunque los títulos universitarios externos deberán ser validados por la ENI.

El déficit previsional, a cargo del Estado

Uno de los puntos más sensibles está en el artículo 61. La norma afilia al personal civil a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina, con un haber voluntario ordinario no inferior al 82 % móvil y pensiones del 85 %. Pero si los aportes y contribuciones no alcanzan para financiar esas prestaciones, el faltante se cubrirá directamente con recursos del Presupuesto General de la Administración Nacional. Es decir, el déficit recae sobre el Tesoro Público.

A nivel laboral, el texto aclara que cumplir satisfactoriamente las condiciones durante la planta condicional "no genera un derecho adquirido automático" para pasar a planta permanente. La estabilidad queda así sujeta a la decisión discrecional de las autoridades.

Entre las causales de extinción del vínculo aparece la "falta de aptitud para el servicio", un concepto de amplia interpretación. Además, el Secretario de Inteligencia podrá conceder ascensos por "méritos extraordinarios" al margen de las exigencias habituales y suspender el trámite jubilatorio de agentes involucrados en sumarios administrativos en curso.

Control sobre la vida privada

El estatuto impone fuertes límites a la vida personal y pública de los agentes. Deberán constituir domicilio a no más de 200 kilómetros del lugar de trabajo, avisar con 3 días de antelación si se trasladan más lejos y pedir autorización previa con 10 días de anticipación para viajar al exterior.

Para dictar clases, publicar artículos, realizar estudios o encabezar cualquier actividad de eventual "trascendencia pública", necesitarán una autorización previa anual. También se prohíbe de forma absoluta prestar servicios en el sector privado en áreas como seguridad, periodismo, ciberseguridad o consultoría, y se veda la posibilidad de interponer reclamos o recursos administrativos en forma conjunta.

Si bien el decreto se publicó este jueves, la entrada en vigencia del estatuto quedó fijada para el 1° de enero de 2027. En el intervalo de más de tres meses, la adecuación del personal actual dependerá de un "régimen de transición" que deberá ser reglamentado y aprobado por la propia Secretaría.