Nuevo revés en el juicio contra Agustín Raimondo: su abogado volvió a faltar y la denunciante sigue esperando

El juicio oral contra el empresario de medios Agustín Raimondo sufrió este jueves una nueva postergación, la segunda en menos de una semana. Cuando todo estaba listo para que comenzara el debate en los Tribunales de La Plata, el abogado defensor Marcelo Peña volvió a ausentarse, esta vez por un viaje programado.

La denunciante, Florencia Mascioli, lleva cuatro años esperando que se haga justicia y la nueva demora vuelve a generar malestar entre quienes la acompañan.

¿Qué pasó con el abogado?

La defensa de Raimondo había solicitado modificar las fechas del debate porque Peña tenía previsto viajar. Sin embargo, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 ya había confirmado las jornadas del 20 y 21 de agosto para el segundo intento de inicio.

Esta situación se suma a la del jueves 13 de agosto, cuando Peña no se presentó sin aviso previo. En esa ocasión, presentó un certificado médico que justificaba 48 horas de reposo, lo que generó fuertes críticas de la querella.

El abogado de Mascioli, Carlos Quirós, cuestionó la falta de comunicación y expresó su preocupación por una eventual demora del proceso.

El viaje no convenció al tribunal

Esta vez, el argumento del viaje fue rechazado por el tribunal, la particular damnificada y el Ministerio Público Fiscal. La Justicia consideró que la ausencia del defensor podía ser atendida por otros medios sin necesidad de volver a modificar las fechas.

La resolución judicial sostuvo que el viaje era una circunstancia atendible, pero no suficiente para justificar una nueva suspensión, sobre todo porque las fechas ya habían sido cambiadas tras el episodio de la semana anterior.

Riesgo de prescripción

Uno de los puntos que más preocupa a la Justicia es que existen hechos de desobediencia judicial que están cerca de alcanzar el límite temporal de la acción penal. Si la demora se extiende más allá de agosto, podrían quedar sin ser juzgados.

El tribunal también remarcó la necesidad de evitar dilaciones innecesarias y proteger el derecho de la denunciante a obtener una respuesta judicial en un plazo razonable, evitando profundizar el desgaste de la víctima.