Nuevo revés para Milei: suspenden su reforma portuaria tras el caos que generó

El gobierno de Javier Milei tuvo que dar marcha atrás con su reforma portuaria apenas una semana después de anunciarla. La medida, que buscaba desregular el servicio de practicaje y pilotaje, provocó una paralización total en los puertos y obligó al Ejecutivo a suspenderla. El Decreto 716/2026, publicado en el Boletín Oficial, deja sin efecto el Decreto 690 y restituye la normativa anterior.

El conflicto comenzó cuando el Ejecutivo intentó modificar el reglamento que rige el servicio de practicaje y pilotaje en ríos, puertos y canales del país. Desde la Casa Rosada argumentaban que la normativa vigente contenía "disposiciones y exigencias actualmente obsoletas" que funcionaban como "barreras y restricciones injustificadas" para nuevos prestadores.

La reforma, impulsada por el ministro Federico Sturzenegger, encontró una resistencia inmediata en el sector marítimo. Los prestadores del servicio, esencial para que los buques naveguen sin riesgo de encallar, iniciaron medidas de fuerza que colapsaron las operaciones portuarias.

¿Qué pasó con los puertos?

La reacción gremial fue contundente: los puertos quedaron paralizados y se generó una "situación excepcional que pone en crisis el normal funcionamiento del sistema" de navegación. Con el comercio exterior al borde del colapso, el Ejecutivo tuvo que convocar de urgencia a los representantes del sector para negociar una salida.

El resultado fue una capitulación explícita de la estrategia desreguladora. Para garantizar la "reactivación de la prestación del servicio" y "mitigar la situación de crisis", el Presidente suspendió su propio decreto y restituyó la "plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas".

¿Qué se acordó en la negociación?

El nuevo decreto también crea una Mesa de Trabajo en el ámbito del Ministerio de Seguridad, integrada por funcionarios de esa cartera, la Prefectura Naval Argentina, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y representantes del sector privado. El objetivo es diseñar un nuevo reglamento por consenso, algo que la gestión de Milei omitió en su primer intento.

Como parte del acuerdo para restablecer la paz en los puertos, se pactó además una "disminución en un veinte por ciento (20 %) de las tarifas vigentes". Este retroceso evidencia la improvisación del Ejecutivo y los límites de una estrategia que intenta imponer cambios unilaterales en sectores estratégicos de la infraestructura logística nacional.