Oberá cambia las reglas de las antenas: los dueños tienen 180 días para un trámite clave
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Oberá cambia las reglas de las antenas: los dueños tienen 180 días para un trámite clave

El Concejo de Oberá aprobó una ordenanza que reemplaza las normas de 2007 y pone bajo control municipal a las antenas de la ciudad. Las estructuras que ya están instaladas tienen un plazo que corre desde la vigencia: qué tienen que presentar sus dueños.

El Concejo Deliberante de Oberá dio luz verde a una nueva ordenanza que reordena de punta a punta cómo se instalan, habilitan y controlan las antenas y estructuras de telecomunicaciones en la ciudad. La aprobación llegó en la 32° Sesión Ordinaria y reemplaza a las normas de 2007, que habían quedado viejas frente al avance del 3G, el 4G y el 5G.

El texto fija un régimen integral que abarca desde la localización hasta el desmantelamiento de las estructuras de soporte, las antenas y las instalaciones complementarias dentro del ejido municipal.

Un pedido empresarial que terminó en ordenanza

El presidente del Concejo, Pablo Ullón, contó que el proyecto nació de una solicitud que presentó en octubre del año pasado una empresa proveedora de servicios de telecomunicaciones. Desde entonces se armaron reuniones y consultas con especialistas, entre ellos el ingeniero en Telecomunicaciones Juan Cruz Mirgone y Francisco Stevenson.

“Sabíamos que la ordenanza del año 2007 había quedado un poco obsoleta y por eso empezamos a trabajar en esto. Después de casi un año de debate y consultas, llegamos a una ordenanza integral, que abarca todos los aspectos y que va a perdurar en el tiempo”, señaló Ullón.

El trabajo se extendió casi un año en las comisiones del Concejo, con participación de profesionales y representantes del sector para revisar los aspectos técnicos, urbanísticos y administrativos de la actividad.

Qué cambia para las antenas

La norma clasifica las infraestructuras según sus características: desde grandes torres y antenas montadas sobre edificios hasta celdas pequeñas, sistemas distribuidos y estructuras mimetizadas con el paisaje urbano. Para las instalaciones de menor impacto prevé procedimientos diferenciados y más simples.

También crea el Registro Municipal de Infraestructura de Telecomunicaciones, una herramienta para identificar y georreferenciar cada instalación, saber quién es su titular y su operador, y seguir las habilitaciones, modificaciones e inspecciones.

En materia de control, los responsables deberán garantizar el mantenimiento y la seguridad estructural, mantener actualizada la documentación y avisar cualquier cambio significativo. La ordenanza suma inspecciones municipales, medidas preventivas y un régimen de infracciones con sanciones económicas para los incumplimientos.

Otro eje es la integración urbana y paisajística: se promueve que las empresas compartan estructuras para evitar la multiplicación innecesaria de torres y reducir el impacto visual.

Qué puede controlar el Municipio y qué no

Ullón aclaró los límites de la competencia local. La Municipalidad intervendrá en el emplazamiento de las estructuras, las condiciones urbanísticas, la seguridad y las inspecciones. En cambio, lo vinculado al espectro radioeléctrico, las frecuencias y las radiaciones no ionizantes sigue bajo jurisdicción nacional.

El ingeniero Mirgone, que participó como asesor técnico junto a los concejales, explicó por qué era necesario actualizar el marco: “Desde 2007 hasta ahora surgieron nuevas tecnologías, como 3G, 4G y actualmente el 5G, además de proveedores de Internet que brindan servicios inalámbricos mediante antenas. Había varias cuestiones que quedaban excluidas de la normativa anterior y la idea fue actualizarnos y abarcar estos nuevos servicios y tecnologías”.

El especialista remarcó además que uno de los objetivos centrales es darle al Municipio herramientas para controlar y regular las instalaciones de las empresas privadas, de modo que se desarrollen de manera adecuada y segura.

El plazo para las antenas que ya están instaladas

Las estructuras existentes no quedan afuera. La ordenanza les da a sus titulares un plazo de 180 días corridos desde la entrada en vigencia para pedir la inscripción o actualización en el registro y, cuando corresponda, iniciar los trámites de regularización municipal.

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