Obra del gasoducto Lavalle-Catamarca: denuncian penalmente a funcionarios por una supuesta 'obra fantasma'
¿Cómo justificó el Gobierno reducir de casi 2.000 millones a 300 millones la multa a la empresa que dejó paralizado el gasoducto?
El bloque de diputados provinciales Generar formalizó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Provincia para que se investiguen presuntas irregularidades, sobreprecios y conductas indebidas de funcionarios en la obra del gasoducto Lavalle-Catamarca, que permanece inconclusa. La presentación, que incluye 30 fojas de fundamentos y 50 de elementos probatorios, apunta contra el exministro de Agua y Energía, Alberto Kozicki; el secretario de Energía, Máximo Ramírez; y los representantes de la empresa contratista MEGA SRL.
En el marco de una cobertura de El Esquiú Play, el diputado Tiago Puente, acompañado por sus pares Natalia Herrera, Mamerto Acuña y Natalia Quintero, explicó el trasfondo de una infraestructura que fue planificada formalmente en 2008 y contratada en 2022, pero que hasta ahora no registra avances reales y, en cambio, sí muestra cuantiosos desembolsos de fondos públicos.
Caños perdidos y licitación bajo la lupa
El primer eje de la denuncia cuestiona la compra inicial de materiales por parte del Estado provincial. Según precisaron los legisladores, la Provincia destinó 1.800 millones de pesos para adquirir 116 kilómetros de cañerías cuyo paradero y estado actual se desconocen. Además, advirtieron que los tramos observados tiempo atrás en la zona de la Cuesta del Totoral sufrieron un serio deterioro que los vuelve inutilizables.
El proceso de adjudicación de los trabajos también quedó en la mira judicial. La obra fue licitada con un presupuesto oficial de 3.000 millones de pesos, pero se adjudicó a MEGA SRL por 4.500 millones, lo que representa un sobreprecio cercano al 50%. A pesar de que la firma solo ejecutó el 5% del proyecto, recibió anticipos financieros y la emisión de 14 certificados de obra, de los cuales se pagaron dos.
Un acuerdo conciliatorio bajo sospecha
El punto de mayor gravedad institucional radica en las contradicciones administrativas de la propia gestión provincial. Ante el incumplimiento reiterado de la contratista, el Gobierno aplicó una multa de casi 2.000 millones de pesos y rescindió el contrato. Según remarcaron los denunciantes, esa sanción contaba con un fallo ratificatorio de la Corte de Justicia de la Provincia.
Sin embargo, el pasado 26 de mayo el Poder Ejecutivo firmó un acuerdo conciliatorio con MEGA SRL mediante el cual redujo drásticamente el monto de la sanción de casi 2.000 millones a apenas 300 millones de pesos. El bloque opositor exige conocer los informes técnicos, jurídicos y económicos que justificaron la renuncia a más del 85% de la acreencia estatal a favor de una empresa que dejó la obra paralizada.
Perjuicio social, económico y financiero
Desde el bloque parlamentario sostuvieron que la maniobra generó un triple daño a Catamarca: un perjuicio social por privar a la población del acceso al servicio de gas natural, un impacto económico negativo para los emprendimientos productivos que no pudieron radicarse o expandirse, y una pérdida financiera directa por el adelanto de partidas sin contraprestación.
Los legisladores hicieron hincapié en la necesidad de que el Ministerio Público Fiscal actúe de manera independiente para determinar las responsabilidades penales e investigar si la flexibilización de los cobros derivó en un beneficio indebido para terceros en detrimento del patrimonio de los catamarqueños.
