Obras sociales bajo la lupa: ejecutaron millonarios fondos por deudas con hospitales rionegrinos

La Justicia de Río Negro dio un paso contundente y ordenó la ejecución de fondos de siete obras sociales que mantenían deudas millonarias con el sistema público de salud. En total, se recuperaron unos 410 millones de pesos por prestaciones médicas que fueron brindadas a sus afiliados pero nunca pagadas.

El conflicto viene de larga data. Las entidades utilizaron la capacidad asistencial de los hospitales provinciales, pero no cumplieron con las obligaciones económicas en tiempo y forma. Ante la falta de pago, el Ministerio de Salud, con el respaldo de la Fiscalía de Estado, inició reclamos judiciales para recuperar los recursos destinados a la atención de pacientes con cobertura.

¿Qué obras sociales están involucradas?

Las medidas alcanzan a entidades como la de Mecánicos; la de empresarios, profesionales y monotributistas; la de conductores de transporte colectivo de pasajeros; la de la industria del hielo; la de seguridad privada; la de petroleros privados y la del turf. Todas ellas acumulaban deudas por servicios asistenciales que fueron efectivamente otorgados.

El marco legal detrás del reclamo

Los trámites se llevan adelante en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 13, a cargo de Julián Fernández Eguía, y se enmarcan en la Ley Provincial Nº 5.754, que establece el Régimen de Recupero de Fondos por Servicios Asistenciales del Sistema de Salud Pública.

Esta norma obliga al pago a favor del Ministerio de Salud provincial por los gastos médicos generados en hospitales públicos, que incluyen atención clínica, quirúrgica, internación, farmacia, traslados, entre otros. Además, permite cobrar dichas prestaciones a obras sociales, empresas de medicina prepaga, aseguradoras de riesgos de trabajo (ART) o pacientes que posean cobertura o capacidad contributiva cuando utilicen la salud pública provincial.

Una ley que busca sostener los hospitales

El objetivo de esta legislación es garantizar la sostenibilidad de los hospitales públicos mediante la recuperación de los costos operativos y de insumos. La ley fue sancionada el 31 de octubre de 2024, promulgada por el Decreto Nº 398/2024 y entró en vigencia el 15 de noviembre de 2024.

Cuando se iniciaron los trámites ante la justicia, estas entidades debían alrededor de 1.042 millones de pesos, según cifras oficiales de la cartera sanitaria. Ahora, con las ejecuciones, se logró recuperar una parte importante de esa deuda.