Ocho acusados por el manejo de $1.208 millones en programas sociales: la jueza define si van a juicio

La jueza de garantías Natalia Pelosso resolverá en los próximos días si dos exministros de Desarrollo Social y seis referentes sociales van a juicio oral por el manejo de $1.208 millones en un programa de capacitación. Este miércoles, la audiencia de control de acusación continuará con el tratamiento de la prueba en la sala 15 de la Ciudad Judicial.

La causa apunta a la Cooperativa de Trabajo Viento Sur Limitada, que agrupa a integrantes de organizaciones sociales de Neuquén, entre ellas el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y el Polo Obrero, según la acusación. El delito imputado es administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, que prevé penas de dos a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para funcionarios públicos en caso de condena.

El origen del caso

El expediente arrancó en agosto de 2022, cuando organizaciones sociales cortaron calles en Neuquén para reclamar asistencia. De esas negociaciones surgieron los convenios que hoy están bajo sospecha. El 18 de agosto, el gobernador Omar Gutiérrez y el entonces ministro Abel Di Luca firmaron el decreto 2022-1672-E-NEU-GPN, que creó el Programa de Acciones de Fortalecimiento para la Capacitación de Integrantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Ese mismo día, Di Luca firmó el primer convenio con Viento Sur por $135.626.560 en cinco cuotas mensuales. A fines de octubre dejó el ministerio y asumió Germán Chapino, que estuvo en el cargo entre el 2 de noviembre de 2022 y el 9 de diciembre de 2023. Durante su gestión el programa creció: una adenda en diciembre de 2022 amplió el primer convenio a $175.044.320; en enero de 2023 firmó otro por $141.174.880; en abril sumó una adenda por $564.143.680; y en septiembre otra por $428.229.100, más un aporte extra de $43.890.880. Las cuotas mensuales pasaron de unos $37 millones a $142.743.040.

Según la acusación, $96.444.640 corresponden a pagos autorizados por Di Luca y $1.112.212.960 a pagos autorizados por Chapino.

Quiénes están acusados

Los ocho imputados gozan de la presunción de inocencia. Di Luca y Chapino están acusados como coautores, junto con Diego Mauro, referente del FOL; Sonia Barrios, tesorera de la cooperativa; y Lilian Larroza Velázquez, que llegó a presidirla. Como partícipes necesarios figuran tres referentes del Polo Obrero: el exconcejal Federico Sánchez, la exlegisladora del FIT Gabriela Suppicich y Betsabé Valencia Navarrete.

La fiscalía sostiene que los exministros autorizaron los pagos sin exigir el plan de acción que pedía el decreto y pese a que la Contaduría General advirtió sobre irregularidades en las rendiciones. A Mauro lo señala como quien ideó la maniobra: según el detalle bancario, $1.093 millones, casi el 90% del total, se destinaron a pagar "sueldos" a más de mil personas sin vínculo acreditado con capacitaciones.

La acusación también detalla 22 plazos fijos en el Banco Provincia por $179.027.945 que generaron $40.335.404 de intereses, transferencias por $5.216.144 a CAE Babylon y por $14.170.000 a una cuenta de Viento Sur en Credicoop. El resto habría financiado terrenos en San Martín de los Andes, Junín de los Andes y la meseta neuquina; la compra de una Renault Kangoo, una Ford F-250 y un tercer vehículo; y la construcción de la sede "La Bartolina" del FOL en el barrio El Choconcito. A Mauro se le atribuyen $1.164.682 recibidos en su cuenta personal en 23 transferencias.

A Barrios le imputan 4.156 transferencias por $553.338.497 y ocho giros a cuentas propias por $498.982. A Larroza, 154 transferencias por $32.695.292 junto con Barrios y otros 20 giros por $1.497.348. A los tres referentes del Polo Obrero les atribuyen haber cobrado en cuentas personales unos $14,5 millones en total por "devolución" de descuentos a beneficiarios.

La defensa: "Se hacía lo que marcaba el decreto"

El abogado Fernando Diez, defensor de seis de los ocho acusados, sostiene que no hubo delito. "Los aportes a las personas particulares estaban previstos expresamente en el decreto. Por tanto, no podía haber ningún tipo de daño en relación con ninguno de los defendidos", afirmó a LM Neuquén. Donde la fiscalía ve un desvío, la defensa ve al programa funcionando tal como fue diseñado.

Diez aseguró que la fiscalía ya aceptó el sobreseimiento por un pago de $10 millones del 18 de julio de 2022, previo al decreto. Si eso se confirma, el perjuicio atribuido bajaría a $1.198.657.600. También pidió sobreseimientos por falta de participación para tres de sus defendidos, cuya intervención, dice, fue "muy posterior" a los hechos.

Como última alternativa, la defensa reclamó la suspensión del juicio a prueba por dos años para todos sus asistidos. "No hay garantías de que un juicio realmente sea justo", afirmó Diez, y recordó los allanamientos iniciales: "Todo empieza allanando la casa de mujeres muy humildes, a las que llevan esposadas sin ningún sentido, y filman todo el procedimiento". También cuestionó que el juez renovara medidas cautelares vencidas.

La defensa de los exministros

Los abogados de Di Luca y Chapino son el defensor oficial Leandro Seisdedos y el particular Gonzalo Rodríguez. Ambos rechazaron la acusación de fraude y pidieron la desvinculación de sus clientes. Si hay juicio, reclamaron que declaren como testigos el exjefe de Gabinete Sebastián González, el exministro de Economía Guillermo Pons y funcionarios técnicos y contables del ministerio.

La fiscalía ofreció 71 testigos, 5 peritos, 108 elementos de prueba documental y 56 secuestros, e informó una pretensión punitiva superior a tres años de prisión para todos los imputados, por lo que pidió un tribunal de tres jueces. También dejó asentada su disposición a un eventual procedimiento abreviado.

Si Pelosso rechaza los sobreseimientos y eleva la causa, se abrirá el juicio oral y público. Si hace lugar a los planteos de las defensas, el caso podría achicarse o cerrarse para algunos de los acusados.