Ocho allanamientos por fentanilo y morfina: tres sanatorios de Rosario en la mira y siete nombres nuevos

La causa por el manejo ilegal de fentanilo y morfina que nació en Wheelwright sumó un capítulo de peso: la Justicia federal ordenó ocho allanamientos en Rosario y Acebal y el procedimiento dejó siete nuevos sospechosos identificados. La pesquisa, que arrancó con una denuncia por fraude contra el Pami, volvió a moverse después de cuatro meses de instrucción.

La Policía Federal Argentina (PFA) recorrió centros de salud privados de Rosario y también de Acebal, una de las dos localidades donde se concentra la investigación por el suministro ilícito de esos fármacos atribuido a un médico y a un enfermero.

Qué encontraron en los sanatorios

La División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) de la PFA llegó hasta las oficinas de los sanatorios Norte, Laprida y Delta. Además, los agentes revisaron inmuebles particulares de Rosario y una farmacia de Acebal, entre otros domicilios alcanzados por las órdenes.

Del operativo se llevaron medicamentos que se dispensan solo con receta, como diazepam, ondansetrón y dexametasona. También una computadora portátil, ocho teléfonos celulares, libros contables, remitos y documentación vinculada a los lotes de fármacos.

Los procedimientos los conducen los fiscales federales Federico Reynares Solari, Daniela Ghiorzi y Rocío Soledad Estrada desde la sede descentralizada de Venado Tuerto, con autorización del juez Aurelio Cuello Murúa.

Sin detenidos, pero con la lupa en dos hombres y cinco mujeres

Los allanamientos terminaron sin arrestos en Rosario ni en Acebal. Aun así, abrieron una línea de investigación sobre la posible complicidad de dos hombres y cinco mujeres, en su mayoría empleados de centros de salud que ya estaban bajo la mira judicial.

Ese foco se encendió tras la detención de un cardiólogo, investigado por una defraudación que habría generado un perjuicio cercano a los 700 millones de pesos en el Pami.

El médico y el enfermero fueron apresados a principios de junio en Wheelwright por suministro ilegal de estupefacientes y ejercicio ilegal de la profesión. En la primera audiencia del caso se les dictó prisión preventiva por 90 días.

De las facturas truchas a las ampollas de fentanilo

El origen de todo fue otro expediente, en manos de la Oficina de Criminalidad Económica y Delitos Complejos de Rosario, a cargo del fiscal federal Javier Arzubi Calvo. Allí aparecieron facturas por prácticas de afiliados que nunca habían sido atendidos entre 2023 y 2024.

Cuando la policía allanó las casas de los sospechosos, secuestró una gran cantidad de fármacos de uso intrahospitalario. Entre ellos, 243 ampollas de fentanilo ya utilizadas y otras 50 de clorhidrato de morfina.

A pedido de la fiscal federal Soledad García y sus colegas Andrés Montefeltro y Virginia Sosa, los agentes verificaron que funcionaba una instalación médica no autorizada, donde se empleaban drogas desviadas de los canales lícitos de distribución y comercialización.

Además de la administración de fármacos reservados a hospitales, los detenidos quedaron imputados por ejercer la medicina de forma particular y habitual en una de las viviendas allanadas, que no cumplía con los requisitos edilicios ni sanitarios hasta el 11 de junio, cuando la policía los arrestó.