Ocho años de denuncias por abuso en la UNCuyo: la audiencia terminó sin resolución y la Universidad habló

La audiencia preliminar en la causa contra el exdocente de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) Mauro Aguirre, acusado por presuntos abusos sexuales y hechos de violencia de género, se realizó este martes en la sala 14 y concluyó con un cuarto intermedio hasta mediados de noviembre. El proceso arrastra ocho años desde que las denuncias se hicieron públicas.

La jornada comenzó cerca del mediodía y se extendió hasta las 14. En la sala estuvieron Aguirre con su abogado defensor y la abogada de las denunciantes, Viviana Beigel, quien confirmó al salir que el expediente continuará tras la pausa prevista para la segunda mitad de noviembre.

Qué falta incorporar al expediente

Según explicó Beigel, todavía queda una prueba pendiente que se resguarda en una caja de seguridad y que quedará disponible para la próxima audiencia. La letrada también anticipó que será necesario armar un listado completo de todo el material incorporado y transcribir los testimonios registrados en video, algunos de ellos filmados durante la pandemia.

La instancia forma parte del camino hacia el juicio oral, después de años de investigación y de reclamos sostenidos por las denunciantes y por distintos sectores de la comunidad universitaria.

La explanada judicial, copada por organizaciones y autoridades

Desde cerca de las 11, organizaciones sociales y feministas se concentraron frente al edificio de Tribunales para acompañar a las denunciantes. Al principio hubo dificultades para que todas las personas pudieran ingresar a la explanada, aunque el diálogo y la insistencia permitieron que el grupo permaneciera en el lugar.

Entre las presentes estuvo la reconocida docente de la UNCuyo Alejandra Ciriza, quien aclaró que la convocatoria buscaba respaldar a las denunciantes sin interferir en el proceso judicial. "Estamos acá para acompañar a las denunciantes y no vamos a hacer nada que perjudique a las compañeras. Es por eso que estamos acá, tranquilas, somos muchas, pero estamos acompañando", expresó en diálogo con Sitio Andino.

Ciriza remarcó que el caso lleva años sin una resolución definitiva y sostuvo que la Universidad debe asumir un papel reparador. "La universidad tiene que reparar esa situación de tremenda injusticia", manifestó. Además, advirtió sobre el impacto institucional que podría tener una eventual condena, aunque aclaró que un fallo judicial por sí solo no alcanza para modificar las desigualdades estructurales.

"Si hay una condena a este señor que operó durante años en la universidad, puede haber una inflexión. Creo de todas maneras que una golondrina no hace verano, es decir que no podemos engañarnos, es una Justicia construida sobre la base del privilegio", agregó la docente, que también subrayó la importancia de visibilizar las situaciones denunciadas y el impacto que, según su visión, tuvieron sobre jóvenes en condiciones de vulnerabilidad.

La postura de la UNCuyo

La vicerrectora de la UNCuyo, Ana Sisti, también participó de la jornada y afirmó que la política de la conducción universitaria es garantizar el cumplimiento de la ley. En relación con la nueva gestión encabezada por la rectora Adriana García, consideró que el avance de la causa hacia esta instancia judicial debió haberse producido antes.

"Estas cosas no son para celebrar, pero sí quizás celebrar que esto suceda, que la Justicia cumpla la función que corresponde y, en ese sentido, desde el rol que nos corresponde a nosotras, es acompañar a las víctimas en este proceso que no es sencillo", expresó Sisti.

Junto a las autoridades universitarias se hicieron presentes el flamante decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Fabio Erreguerena, y Melina Guardamagna.

El pedido de Ni Una Menos

Nora Llaver, integrante de Ni Una Menos y doctora en Ciencias de la Educación, planteó que la respuesta judicial debe abarcar a todas las personas vinculadas al expediente. Mencionó a Leandro Fontán, Lucía Fernández y Mario Codoni, también imputados en la investigación y señalados como presuntos partícipes primarios de los hechos denunciados.

"Las compañeras no pueden esperar más tiempo. Si la Justicia no es oportuna, no es Justicia. Estamos acá para exigir Justicia y apelamos a toda la población, a toda la universidad y a todas las mujeres que acompañen, porque todas estamos en riesgo permanente, hasta que no cambiemos el orden establecido, sabemos que estamos en riesgo", manifestó Llaver.

Cómo nació la causa

Las denuncias contra el entonces docente de la UNCuyo se hicieron públicas en diciembre de 2018, durante una asamblea de la Comisión de Mujeres e Identidades Disidentes en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En ese encuentro, seis estudiantes relataron situaciones de violencia de género y presuntos abusos sexuales que involucraban a Aguirre.

El 19 de diciembre de ese año, el Consejo Directivo de la Facultad decidió activar el protocolo institucional para abordar casos de violencia de género. En marzo de 2019 arrancó formalmente el proceso penal y el 10 de mayo de ese año Aguirre fue detenido. En el marco de la investigación también se imputó a Fontán, Fernández y Codoni.

Aguirre llega a esta etapa en libertad, después de que venciera la prisión preventiva que se le había otorgado en 2020. En abril de 2021, tras un sumario administrativo de casi dos años, el Consejo Directivo de la Facultad dispuso su exoneración, la máxima sanción administrativa prevista en ese procedimiento. Más tarde accedió a la jubilación.

Con el cuarto intermedio hasta mediados de noviembre, la causa suma un nuevo capítulo. Las denunciantes y las organizaciones que las respaldan mantienen el reclamo para que el expediente llegue al juicio oral y se esclarezcan los hechos investigados.