Ocho años de prisión para el hombre que captó a una mujer por Badoo y la explotó

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de La Plata condenó a ocho años de prisión a un hombre por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. La sentencia, dictada el miércoles pasado, llega después de un juicio en el que se probó que el acusado captó a una mujer a través de una red social y la sometió a un régimen de explotación durante más de un año.

El caso, que se desarrolló entre enero de 2023 y abril de 2024 en una vivienda del partido bonaerense de Ezeiza, tuvo como figura central a un hombre identificado como C.A.R.C., quien fue considerado autor del delito en las modalidades de captación, traslado y acogimiento, agravado por engaño, abuso de una situación de vulnerabilidad y por haberse consumado la explotación.

El engaño que dio origen a la causa

Según se acreditó durante el debate, el condenado contactó a la víctima en enero de 2023 a través de la red social Badoo. Lo hizo usando el perfil de su pareja, lo que le permitió generar confianza y establecer un vínculo con la mujer, que en ese momento tenía 25 años y buscaba hacer nuevas amistades en la plataforma. La víctima desconocía que del otro lado de las conversaciones estaba el acusado.

Luego de intercambiar mensajes y mantener conversaciones telefónicas, el hombre la pasó a buscar en un automóvil y la trasladó hasta su domicilio en Ezeiza. Allí, junto con su pareja, le propuso participar en la producción de fotografías y videos de contenido erótico y sexual para venderlos en distintas plataformas digitales. La promesa era que recibiría el 50 por ciento de las ganancias.

La fiscalía sostuvo que la víctima aceptó la propuesta debido a su situación de vulnerabilidad. Desde julio de 2023, aproximadamente, comenzó a convivir con el condenado y su pareja. Lo que siguió fue un largo período de explotación sexual en el que la mujer terminó siendo acogida en el lugar, donde permaneció alrededor de un año.

Amenazas y control

De acuerdo con el relato de la víctima, cuando quiso dejar de participar en las producciones y regresar a su casa, el ahora condenado la amenazó de muerte a ella y a su hija. También la obligó a seguir colaborando con la actividad, incluso con tareas de filmación, sin recibir remuneración alguna.

El fiscal federal Nicolás Czizik, del Área de Transición de la Unidad Fiscal La Plata, había pedido durante su alegato la misma pena que finalmente impuso el tribunal. En el juicio también colaboró la auxiliar fiscal Brenda Brandwajnman Boffi.

La investigación que desbarató la red

La pesquisa comenzó el 13 de mayo de 2024 a partir de un llamado al 911 de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Dos días después, por orden judicial, se allanó una vivienda en Ezeiza. En el procedimiento se secuestraron cerca de 40 teléfonos celulares y tarjetas SIM con nombres de mujeres, una tablet, un DVR, un aro de luz con trípode, juguetes sexuales, preservativos, anotaciones con nombres e importes y dinero en efectivo, entre otros elementos.

Los análisis forenses de los dispositivos, realizados por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del MPF, revelaron que el material erótico en el que participaba la víctima seguía comercializándose incluso después de que ella abandonara la vivienda. También se identificó en el teléfono del condenado una cuenta con el nombre de la víctima, asociada al correo electrónico de su pareja.

En la investigación intervino la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Sergio Mola. La víctima declaró ante personal policial y ante la fiscalía, luego fue entrevistada por profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata (PNR) y también brindó una declaración remota durante el juicio, con el acompañamiento de ese organismo.

El alegato: consentimiento bajo la lupa

En la audiencia del 21 de octubre, el fiscal Czizik sostuvo que la prueba reunida permitía acreditar que el tratante había captado a la víctima mediante engaño y aprovechándose de su situación de vulnerabilidad, con el fin de explotarla sexualmente a través de la producción y comercialización de contenido erótico.

El representante del MPF remarcó la necesidad de analizar los hechos con perspectiva de género. "El caso involucra en su génesis, desde el testimonio de la víctima, situaciones indicativas de violencia de género, y desde ese prisma, es obligatorio adoptar perspectiva de género, lo que se traduce en abandonar prejuicios y estereotipos y agotar la investigación dentro del ámbito de lo posible", señaló.

Czizik también cuestionó el argumento de la defensa de que la actividad había sido consentida. "Es erróneo analizar el presente caso desde el punto de vista del consentimiento de la víctima. Primero, porque la ley no atribuye ninguna consecuencia a su existencia; segundo, porque existen elementos para sostener que dicho consentimiento se hallaba minado por la situación de vulnerabilidad de la víctima, y el engaño proferido por el acusado", afirmó.

Durante el proceso, C.A.R.C. negó haber explotado sexualmente a la víctima y sostuvo que mantenían una relación poliamorosa y consentida junto con otra mujer. Según su versión, la víctima había participado libremente en la producción de contenido erótico, manejaba sus propias cuentas y decidía cuándo ir a la vivienda y cuándo retirarse. También negó ejercer controles sobre ella y obtener beneficios económicos de la comercialización del material.

Frente a esa postura, el fiscal sostuvo que la aparente relación de pareja entre los tres no reflejaba la verdadera dinámica del vínculo. "La imagen de una trieja es hacia afuera, para los terceros. Por dentro, la víctima es explotada", planteó, y agregó: "Está allí, y participa de la actividad y se involucra sentimentalmente, porque no encontró otra alternativa".

Al reconstruir el inicio del vínculo, Czizik destacó que el condenado había utilizado la identidad de su pareja para acercarse a la mujer: "No hablaba con la mujer titular del usuario de la red social con quien quiso contactarse por redes sociales en busca de una amistad, sino que el contacto lo hizo el acusado. Allí comienza la etapa de captación".

En esa línea, señaló la asimetría entre ambos: "Esto es necesidad económica e inexperiencia de un lado y todo lo contrario del otro. Bajo el ropaje de libertad en los vínculos, en realidad, se persigue subyugar, condicionar, someter, explotar".

El fiscal también hizo hincapié en los elementos secuestrados y en las pericias informáticas. "El secuestro de casi cuarenta celulares en el domicilio del acusado con signos de utilizarse para distintas mujeres, identificadas en ellos con los nombres utilizados en las plataformas para vender el contenido, es signo inequívoco del control de su parte de la actividad de venta del contenido erótico", afirmó.

La sentencia y sus alcances

Además de la pena de ocho años, el juez Pablo Ezequiel Wilk —integrante unipersonal del tribunal— ordenó que el condenado abone a la víctima una reparación económica equivalente a 32 salarios mínimos, vitales y móviles, calculados según el valor vigente al momento del efectivo pago. En cambio, lo absolvió por el delito de abuso sexual con acceso carnal.

La sentencia dispuso también el decomiso del dinero secuestrado durante el allanamiento, de los teléfonos celulares, tarjetas SIM, tablets y demás dispositivos electrónicos utilizados como instrumentos del delito, así como del automóvil empleado para los traslados. Además, ordenó la destrucción de los panfletos y de los elementos de uso íntimo y accesorios destinados a la producción de contenido sexual.

Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el 12 de noviembre próximo.