Ocho argentinos sentados en el banquillo en Bolivia: lo que decidió la jueza los dejó sin palabras

La comunidad aba guaraní de Churqui, en las serranías de General Mosconi, vivió días de festejo tras conocerse una resolución que cambió por completo el rumbo de un juicio que llevaba seis años y que mantenía a ocho de sus integrantes imputados ante la Justicia de Tarija, Bolivia.

La jueza Minerva Tárraga Gutiérrez se declaró incompetente para juzgar a ciudadanos argentinos por hechos denunciados en suelos argentinos. Así, el proceso penal por "daños calificados" que pesaba sobre tres mujeres y cinco hombres de la comunidad quedó suspendido.

"Fueron muchos años de angustia e impotencia, pero al fin la verdad quedó a vista de todos", remarcó la cacique Natalí Vásquez, una de las imputadas, que ahora puede estar tranquila junto a sus hijos pequeños en la comunidad, sin tener que dejarlos solos para cruzar el río en busca de conectividad y poder defenderse por videoconferencia.

Una disputa que viene de lejos

El conflicto se remonta a dos décadas atrás, cuando cañeros de Bermejo comenzaron a avanzar sobre la franja fronteriza del río Grande de Tarija, del lado argentino. Según los reclamos de la comunidad, esas usurpaciones ya abarcan cerca de 2.000 hectáreas deforestadas e invadidas en una lonja de 86 kilómetros y 14 catastros del departamento San Martín, una superficie siete veces más grande que la Ciudad de Buenos Aires.

En esas tierras se producen unas 70.000 toneladas de caña de azúcar por zafra que se cruzan en abierto contrabando hacia un ingenio de Bermejo. La comunidad denuncia que quienes intentan defender su territorio son corridos con machetes y amenazados con armas de fuego.

La denuncia que dio origen al juicio fue presentada en 2020 por Horacio Cruz Castro, líder de los cañeros bermejeños, ante fiscales tarijeños. Sin embargo, la jueza Tárraga Gutiérrez determinó que los hechos ocurrieron en territorio argentino, tal como lo certificaron la Cancillería y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de Bolivia: la propiedad "Isla Valle Dorado", en la que Cruz Castro se arroga derechos, "no existe" en suelos tarijeños, y las coordenadas de la acusación "se corresponden con territorio argentino".

La defensa de la abogada Ruth Delia Durán fue clave para reunir esas certificaciones y dar vuelta la causa.

El costo de defender la tierra

"Por defender nuestro territorio, hemos sido perseguidos y hasta privados con injustas órdenes de detención de poder acceder a alimentos y a atención médica en hospitales, porque nuestra única salida es por Bolivia", recordó Vásquez.

La intransitabilidad de la ruta provincial 144 sigue obligando a pobladores originarios, agentes sanitarios y docentes a hacer rodeos por caminos del país vecino. Aun así, la cacique celebró: "Hoy es un día de celebración en nuestra comunidad, y también de agradecimientos".

Entre los agradecimientos, mencionó a Virginia Cornejo, directora de Control y Vigilancia de Fronteras e Hidrovías del Ministerio de Seguridad de la Nación; al diputado nacional Julio Moreno; a la cónsul en Tarija, María Luz Melon; a Roxana Gauna, concejal de General Mosconi, y a Miguel Casimiro, abogado del INAI que acompañó por Zoom a los imputados.

"Se abre una nueva etapa"

Para Cornejo, la resolución marca un punto de partida: "A partir de ahora se abre una nueva etapa de trabajo y coordinación. Se ha articulado un apoyo decidido desde los organismos nacionales para cuidar y proteger a los ciudadanos argentinos que viven en las fronteras del río Tarija, garantizar su seguridad y acompañar sus reclamos".

El diputado Moreno fue más allá: "Es un conflicto que lleva años y no termina con la resolución de la Justicia de Tarija: tenemos que acabar con el contrabando y afianzar nuestros compromisos de soberanía en nuestro territorio".