Ocho bancas en juego y una fecha límite: el PJ se juega su poder en la Justicia

El 18 de noviembre vence el plazo para definir a los ocho consejeros legislativos del Consejo de la Magistratura, el organismo que selecciona y remueve jueces. La renovación expone una pelea interna en el peronismo, que perdería un lugar, mientras La Libertad Avanza sumaría dos.

El peronismo atraviesa un giro estratégico: de un enfrentamiento frontal con la Justicia a un intento de aceitar vínculos con sectores judiciales que antes criticaba. La renovación del Consejo de la Magistratura, que debe resolverse antes del 18 de noviembre, actúa como catalizador de esa disputa interna.

“Estos tipos se quedan”, admitió a LA NACION un referente del espacio para graficar el nuevo pragmatismo. La frase condensa el cambio de actitud de un PJ que ya no tiene las mayorías legislativas que le permitían vetar y ahora debe negociar.

El nuevo reparto de poder

El Consejo de la Magistratura está integrado por 20 miembros: ocho legisladores, cuatro abogados, cuatro jueces, dos académicos, un representante del Ejecutivo y el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Los ocho consejeros legislativos se reparten cuatro por Diputados y cuatro por el Senado. En cada cámara, la fuerza con mayor representación tiene derecho a dos lugares, y las dos minorías siguientes se dividen los restantes. Todos los candidatos deben ser abogados.

Hoy, el peronismo ocupa esos lugares con dirigentes alineados con Cristina Kirchner: Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti en el Senado; Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade en Diputados. El nuevo equilibrio amenaza con alterar ese predominio: el PJ perdería un lugar en Diputados y La Libertad Avanza (LLA) sumaría dos bancas.

La pelea en Diputados

La disputa más áspera se anticipa en la Cámara baja, donde el peronismo pasaría de dos representantes a uno. Los aliados de Sergio Massa ya avisaron que pelearán por ese lugar, y referentes del peronismo federal, como el entrerriano Guillermo Michel, también buscan intervenir en la definición.

El resultado pondrá a prueba el peso de Cristina Kirchner dentro de un partido en plena reorganización: ¿conservará su representación o cederá espacio a otras vertientes más dispuestas a cultivar vínculos judiciales?

Senado: nombres que suenan

En el Senado, las negociaciones parecen más encaminadas. Suenan con fuerza Eduardo “Wado” de Pedro y el exgobernador de San Juan Sergio Uñac. Ambos mantienen un vínculo fluido con la expresidenta, pero tienen perfiles más proclives al diálogo que los actuales representantes.

De Pedro es oriundo de Mercedes, al igual que la familia Mahiques, con la que mantiene canales de diálogo. El clan ganó influencia en el entramado judicial desde que Juan Bautista Mahiques asumió como ministro de Justicia de Javier Milei. El senador también fue señalado como uno de los interlocutores del Gobierno durante las negociaciones por los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema. Por entonces, distintas fuentes lo ubicaban en diálogo frecuente con el asesor presidencial Santiago Caputo, aunque desde su entorno siempre negaron que cumpliera ese papel.

Uñac, en cambio, proviene del peronismo federal y gobernó San Juan hasta 2023. Su pragmatismo quedó expuesto cuando votó a contramano de su bloque la reforma de la ley de glaciares impulsada por el oficialismo.

En el bloque peronista no confirman ni descartan las postulaciones. “No hay nada oficial”, se limitan a señalar. Pero, de concretarse, los reemplazos marcarían un cambio significativo en la forma en que el PJ busca relacionarse con la Justicia.

Señales de acompañamiento

Ya hubo gestos concretos en ese sentido. Durante este año, el peronismo acompañó buena parte de los pliegos judiciales enviados por el oficialismo y hasta se dividió para facilitar la prórroga de Carlos “Coco” Mahiques —padre del ministro— en la Cámara Federal de Casación Penal. También respaldó el ascenso a camarista en el fuero Penal Económico de Pablo Yadarola, uno de los jueces que participó del viaje a Lago Escondido en 2022, episodio que había desatado durísimas críticas del kirchnerismo e impulsado una denuncia.

Esta vez, sin embargo, el PJ optó por acompañarlo. Su rechazo no habría alcanzado para impedir la designación y prefirieron no exhibir impotencia legislativa. Se impuso, además, una mirada de largo plazo: sin fuerza para imponer condiciones ni incidir en los nombres, parte del peronismo prefirió acompañar antes que quedar al margen de decisiones judiciales cuyos efectos trascenderán al actual gobierno.

Los libertarios ganan terreno

La renovación también reordenará el peso del oficialismo y sus aliados en el Consejo. LLA conservaría la banca que actualmente ocupa el cordobés Gonzalo Roca por Diputados y sumaría otras dos: una en esa cámara, para la que suena el santafesino Nicolás Mayoraz, y otra en el Senado, donde aparece como candidata la neuquina Nadia Márquez. Se trata de postulantes fieles a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que apuesta a sumar injerencia en el mundo judicial. Uno de sus principales aliados es el viceministro de Justicia, Santiago Viola, que ocupa la banca por el Poder Ejecutivo en el organismo.

En el bloque libertario aclaran que las conversaciones siguen abiertas y que todavía no hay definiciones. En Diputados, el cuarto lugar quedaría para las fuerzas aliadas. Álvaro González, de Pro, busca renovar su mandato y negocia el respaldo del radicalismo y de Provincias Unidas.

En el Senado, en cambio, Pro perdería la representación que actualmente ocupa Luis Juez. El último lugar correspondería al radicalismo, donde Eduardo “Peteco” Vischi aspira a renovar su mandato, aunque podría enfrentar una disputa con el bonaerense Maximiliano Abad, que suma influencia en la agenda judicial.