Ocho campos de Negro Muerto firmaron las actas para recibir una obra eléctrica de US$8 millones que abrirá 12.000 hectáreas. Pero hay una condición que el BID les impuso solo a ellos y que ya despertó preguntas en la Legislatura.
El Gobierno de Río Negro avanza con una inversión de US$8 millones para llevar energía eléctrica a la zona de Negro Muerto y habilitar así unas 12.000 hectáreas productivas. La particularidad: los ocho establecimientos rurales beneficiados deberán reintegrar cerca del 90% de los fondos, un mecanismo de recupero que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) exige solo en este caso dentro del programa provincial.
La obra forma parte de un financiamiento internacional más amplio, que en total llega a los US$80 millones. De ese monto, unos US$60 millones se destinarán a cuatro grandes intervenciones vinculadas al desarrollo productivo: Guardia Mitre, Negro Muerto, el sistema de riego del Idevi y Margen Norte, en la zona de Chimpay.
Según las proyecciones difundidas por el BID, el programa alcanzará de manera directa a casi 7.000 productores agropecuarios de Río Negro y beneficiará indirectamente a más de 275.000 habitantes de los departamentos productivos involucrados.
Qué incluye la obra en Negro Muerto
La inversión de US$8 millones comprende 32,2 kilómetros de red eléctrica, un cruce sobre el río Negro y siete centros de transformación. Con esa infraestructura se podrán incorporar unas 12.000 hectáreas a la producción durante la primera etapa.
El BID diferencia el tratamiento crediticio entre las distintas obras. En Negro Muerto, la electrificación —que favorece directamente a ocho establecimientos productivos— contempla un mecanismo de recupero por parte del Estado provincial, algo que no ocurre con los otros tres esquemas.
Quiénes deberán devolver el dinero
El ministro de Desarrollo Productivo, Carlos Banacloy, confirmó que los productores deberán reintegrar aproximadamente el 90% de la inversión y adelantó que se remitirá un proyecto de ley a la Legislatura para formalizar ese compromiso.
«Es el único de los cuatro esquemas en el que el banco nos exige hacer una devolución por parte de los beneficiarios es Negro Muerto», remarcó el funcionario.
La nómina de establecimientos consignados por el ministerio e incluidos en la futura iniciativa parlamentaria comprende a San José, Meris SA, Gali-Pique, Kaita-CO, Subestación El Solito, La Victoria, Peirano y Bunge. Son lotes de distintas dimensiones: algunos de los más grandes rondarían las 4.500 hectáreas, y la superficie total del proyecto se estima en unas 12.000 hectáreas.
Banacloy aseguró que los ocho beneficiarios ya firmaron las actas de conformidad, un requisito que el BID pide antes de concretar el desembolso. El texto de esas actas todavía no se conoce, aunque desde el ministerio se había prometido la entrega de la documentación.
Cómo y cuándo se pagaría
La devolución se calculará en función de la superficie de cada establecimiento. El financiamiento que traslada la Provincia establece un plazo de pago de 25 años y un período de gracia de tres años desde la ejecución de la obra. La intención oficial es arrancar los trabajos en 2027 y terminarlos durante 2028; recién después de la gracia comenzaría el reintegro.
Respecto del mecanismo, el ministro explicó: «La primera opción en análisis -explica el ministro- que se incorpore a la boleta Inmobiliaria, con destino a un Fondo Específico. La segunda, su inclusión en la boleta de Edersa. La amortización en función de la inversión».
Las dudas que ya acumula el proyecto
La iniciativa no pasó desapercibida en la Legislatura. En agosto, los bloques peronistas —Vamos con Todos y PJ— presentaron un pedido de informes para que se precise quiénes son los propietarios de las tierras que se verían favorecidas, cómo llegaron a ser titulares y qué beneficios recibirán por inversiones públicas financiadas con créditos del BID.
El antecedente tampoco ayuda: hace 20 años, el BID aportó US$5 millones para el Acueducto Agrícola Ganadero del Valle Inferior, que benefició a 90 productores, y el reintegro privado fue casi nulo. En este caso, el gobierno provincial se apoya en las actas de compromiso firmadas por los beneficiarios.
Qué se quiere producir en las nuevas tierras
La infraestructura que financia el Estado es solo el primer paso: poner esas tierras en producción exige una inversión adicional estimada de entre US$5.000 y US$6.000 por hectárea para desarrollar los sistemas de riego.
El secretario de Agricultura de Río Negro, Lucio Reinoso, detalló que el modelo proyectado contempla ampliar la superficie de alfalfa y pasturas para generar megafardos destinados a la exportación. También se prevé sumar cereales como maíz, trigo y cebada, y reservar hasta un 10% de la superficie para horticultura, principalmente cebolla y papa, en una primera etapa.
La propuesta integra agricultura y ganadería: se aprovecharían las pasturas que no alcancen la calidad de exportación, los rastrojos y los granos para terminar animales a campo y luego en corrales de engorde.
«Queremos generar más producción de carne por hectárea en la provincia y, a su vez, producir forraje que nos permita tener volumen de pasto cuando venga la sequía», explicó Reinoso.
El funcionario señaló además que las nuevas áreas bajo riego podrían convertirse en proveedoras de alimento para los establecimientos ganaderos de secano, sobre todo en períodos de escasez de pasturas naturales. Aclaró, de todos modos, que el Estado busca generar las condiciones para que inviertan los privados, y que cada productor definirá su modelo según las oportunidades comerciales y la demanda de los mercados.
Los controles ambientales y el antecedente de 14 años de estudios
El cambio de uso del suelo y la disponibilidad de agua son condiciones que deben cumplirse para avanzar. Reinoso contó que durante la presentación del financiamiento el BID pidió precisiones sobre los permisos de uso de agua pública y los procedimientos para habilitar nuevas superficies productivas.
En ese proceso intervienen la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, el Departamento Provincial de Aguas (DPA) y el área de Agricultura. Las intervenciones deben incluir estudios de impacto ambiental y medidas de mitigación para evitar la degradación de los suelos.
En Negro Muerto se sumaron antecedentes de más de 14 años de trabajos junto con universidades, el INTA y Aapresid, orientados a modelos productivos bajo riego y siembra directa. Según el secretario, se presentó ante el BID un informe elaborado por Aapresid junto con el INTA, con recomendaciones sobre las prácticas agrícolas para reducir riesgos como la erosión.
En paralelo, la mira puesta en el impuesto inmobiliario rural
Mientras avanza el proyecto de riego, el Gobierno provincial trabaja en una iniciativa para modificar el impuesto inmobiliario rural y diferenciar a los establecimientos que producen y generan empleo de los que permanecen improductivos.
El planteo busca reconocer a los productores que sostienen la actividad y mantienen el arraigo. «Cómo puede ser que un impuesto inmobiliario a un campo que hoy no tiene ningún esquema productivo sea exactamente el mismo que paga el que tiene 4.000 ovejas, vive ahí y está trabajando», cuestionó Banacloy.
La propuesta alcanza tanto a los valles irrigados como a los establecimientos ganaderos de secano de la Región Sur. Todavía tiene puntos por resolver, especialmente por las sucesiones sin terminar y las dificultades jurídicas de algunos campos. El ministro reconoció que la iniciativa está en análisis, aunque aseguró que el Gobierno busca avanzar para generar más incentivos a la producción rural.
