Ocho diputados cordobeses votaron contra la ley de discapacidad y una colega salió a cruzarlos
La ley de discapacidad se aprobó con 237 votos, pero los ocho diputados cordobeses dijeron que no. Una de ellos salió a cruzar a sus propios pares y explicó qué cambia con la norma que deja atrás la emergencia año a año.
La Cámara de Diputados aprobó un nuevo régimen para personas con discapacidad con un respaldo contundente: 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones. Sin embargo, los ocho representantes cordobeses se alinearon en el rechazo, una postura que la diputada nacional de La Libertad Avanza Laura Rodríguez Machado salió a cuestionar públicamente.
En diálogo con el programa Ahora Noticias de los SRT, la legisladora defendió el texto aprobado y apuntó contra sus pares de la provincia por no acompañar la iniciativa. Según su lectura, la mayoría de los bloques respaldó una alternativa que mejora el esquema vigente y otorga previsibilidad tanto a las personas con discapacidad como a quienes brindan las prestaciones.
El argumento central: dejar atrás la emergencia
Rodríguez Machado explicó por qué el proyecto propone abandonar las normas de emergencia que deben renovarse cada año. “Nosotros entendemos que la discapacidad es una condición permanente, normalmente, y la solución entonces no puede ser transitoria, no puede ser año a año”, sostuvo la legisladora.
Ese carácter permanente es, para la diputada, el punto que marca la diferencia con el sistema anterior, sujeto a prórrogas periódicas y a la incertidumbre que eso genera.
Qué contempla la nueva norma
La iniciativa establece un marco permanente para las políticas de discapacidad e incluye medidas sobre prestaciones, cobertura de salud, pensiones no contributivas y actualización de los aranceles del nomenclador. También prevé la continuidad de los trámites de compensación por diferencias en los pagos a prestadores de 2023 y 2024.
Uno de los cambios que Rodríguez Machado destacó como central es la incorporación de partidas presupuestarias para asegurar el cumplimiento de las prestaciones. “En esta sí ponemos los recursos presupuestarios que corresponden”, afirmó.
La norma también incorpora una garantía para que los fondos destinados a los beneficiarios no pierdan poder adquisitivo con el paso de los años. En ese sentido, la actualización del nomenclador deberá hacerse mensualmente tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
“Está contenido todo lo que estaba en la emergencia. Y más”, resumió la diputada, que además subrayó la inclusión de un cronograma para avanzar con los pagos pendientes a los prestadores.