¿Qué hicieron los adjudicatarios para que el IPV les sacara la casa? La resolución ya está firme y las viviendas vuelven a sorteo: las causales que más se repiten.
El Instituto Provincial de la Vivienda de San Juan dejó sin efecto las adjudicaciones de ocho viviendas sociales a beneficiarios que incumplieron las normas. La resolución quedó formalizada en el Boletín Oficial y alcanza a inmuebles de distintos puntos de la provincia.
La medida no es aislada: forma parte de un plan integral del IPV para recuperar propiedades deshabitadas o usadas de manera irregular, reacondicionarlas y volver a ponerlas en los próximos sorteos públicos.
Dónde están las casas recuperadas
Según lo publicado en el órgano oficial, las bajas comprenden viviendas del departamento Albardón, en el Conjunto 1; de Caucete, dentro del Área III Sector I; y de los barrios Ceramista II, SUTIAGYF, Amecom 4, Virgen del Socorro, Lozano y 7 de Septiembre IV.
Las resoluciones cancelaron adjudicaciones en venta, asistencias financieras, autorizaciones para habitar, comodatos y actas de tenencia precaria.
Un equipo técnico para más de 400 denuncias
La política apunta a frenar la ocupación irregular y a responder a la alta demanda habitacional. Ante la cantidad de casos sin avance, el IPV conformó un equipo técnico dedicado a procesar más de 400 denuncias por irregularidades.
Todo el accionar se apoya en la Ley Provincial Nº 196-A, que regula las condiciones de entrega, ocupación, conservación y pago de las casas estatales. Hoy existen alrededor de 90 expedientes con revocación en primera instancia y un nivel de morosidad cercano al 60 por ciento, lo que impulsó un seguimiento más intenso para sostener el principio solidario del sistema.
Por qué el IPV puede quitar una vivienda
La normativa fija las situaciones que facultan al Estado a recuperar una casa. Entre las causales principales aparecen el abandono o la falta de residencia efectiva en los tiempos legales, acumular tres o más cuotas impagas en forma consecutiva y destinar la propiedad a fines no habitacionales, como actividades comerciales.
También son faltas determinantes alquilar, vender o ceder el inmueble a terceros sin autorización del organismo, presentar datos falsos u ocultar información en las declaraciones juradas iniciales, y modificar sin declarar la composición del grupo familiar adjudicado.
El camino administrativo, paso a paso
El procedimiento arranca cuando el instituto toma conocimiento de una presunta falta, ya sea por denuncias o por inspecciones. Luego se evalúan los antecedentes del expediente, se verifica el estado de cuenta y trabajadores sociales acuden al domicilio para constatar la irregularidad en el terreno.
Con la anomalía comprobada, el área legal confecciona un informe y el organismo dicta la resolución de revocación, que se notifica oficialmente al titular. Desde ese momento, la persona tiene diez días hábiles para presentar descargos, apelar o renunciar.
Si el titular recurre, la causa pasa sucesivamente por la Asesoría Letrada del instituto, la Asesoría Letrada del Ministerio correspondiente y finalmente por Casa de Gobierno. Cuando la resolución queda firme, el Estado toma posesión de la casa, ingresa para encarar las reparaciones por vandalismo o deterioro causados por el abandono y reincorpora el inmueble a la nómina de futuros sorteos públicos.
