Ocho marines de EE.UU. en Ushuaia: la diputada que no se queda callada

La presencia de ocho integrantes de la Infantería de Marina de Estados Unidos en Ushuaia sigue generando ruido en el Congreso. La diputada nacional por Tierra del Fuego, Andrea Freites, denunció que no recibió información oficial sobre las actividades que realizan ni sobre las autorizaciones que las habilitan, y presentó un pedido de informes junto a cinco solicitudes de acceso a la información pública.

"La información no está", disparó la legisladora, que busca conocer formalmente bajo qué condiciones se desarrolla el intercambio, confirmado por la Armada. Freites aclaró que no cuestiona los intercambios entre fuerzas de distintos países, pero consideró imprescindible esclarecer el marco en el que se lleva adelante el entrenamiento.

Malvinas, Base Naval y un presupuesto que no cierra

La diputada vinculó su preocupación con el cambio de discurso del Gobierno nacional en materia de soberanía y defensa. En ese sentido, apuntó contra el proyecto de Presupuesto 2027: según una primera revisión de su equipo, no aparecen recursos identificados específicamente para la Base Naval Integrada de Ushuaia.

Freites aclaró que aún resta examinar en detalle las partidas antes de sacar conclusiones definitivas, pero el planteo llega justo después de los anuncios oficiales sobre la reactivación de la obra. Para la legisladora, habrá que determinar cómo quedó incorporado el financiamiento y contrastarlo con los compromisos públicos.

También calificó al presupuesto como fuertemente restrictivo y señaló que la oposición prioriza la situación de las universidades, la emergencia en discapacidad y el creciente endeudamiento de las familias. Sobre este último punto, advirtió que el aumento de la mora también golpea a Tierra del Fuego.

El puerto, un reclamo que no cesa

Otro de los ejes de sus cuestionamientos fue el futuro del Puerto de Ushuaia. Freites afirmó que en el Congreso no hay novedades sobre la intervención nacional más allá de los pedidos de informes ya presentados, y volvió a exigir que la terminal regrese a la administración provincial.

Según sostuvo, la intervención completará un año en enero y los proyectos presentados en Diputados apuntan a su finalización. La legisladora ligó ese reclamo al carácter estratégico del puerto y a la nueva centralidad que el Gobierno le dio a la soberanía sobre Malvinas.

En ese marco, cuestionó que los anuncios sobre la Base Naval y la defensa del Atlántico Sur convivan con decisiones que, a su criterio, perjudican a la industria fueguina. Para Freites, la política de soberanía debe traducirse en medidas concretas sobre la producción, la infraestructura estratégica y la participación de Tierra del Fuego en las decisiones que afectan al territorio.