Ocho meses de intervención al Puerto de Ushuaia y una advertencia que nadie escuchó

La intervención del Puerto de Ushuaia cumplió ocho meses y la Legislatura de Tierra del Fuego se prepara para discutir sus consecuencias económicas. El legislador Matías Lapadula (Partido Provincia Grande) anticipó que llevará el tema a la Comisión de Presupuesto para cuantificar el impacto sobre los recursos provinciales.

La medida, dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación mediante la Resolución 4/2026 en enero, suspendió por doce meses la habilitación del puerto y puso bajo gestión nacional su operación, infraestructura y administración. La norma contempla una prórroga por acto fundado y exige garantizar los servicios mínimos y la seguridad portuaria.

Un bien estratégico en disputa

Lapadula vinculó la revisión económica con la situación de los trabajadores y la proximidad de la temporada de mayor actividad. Dijo mantener contacto con empleados de la Dirección Provincial de Puertos y reconoció la preocupación del sector turístico y comercial.

"Vamos a trabajar en el ámbito de la comisión para analizar las consecuencias económicas de esta intervención para la Provincia", afirmó el legislador. Y agregó: "Nos tenemos que poner todos de acuerdo en que el puerto es un bien estratégico de la Provincia y que tiene que ser administrado y manejado por la Provincia".

En esa línea, evitó plantear un conflicto entre trabajadores y cámaras empresarias: consideró legítimas ambas preocupaciones y sostuvo que deben confluir en un reclamo común por la administración provincial de la terminal.

Control ambiental, el otro frente

El conflicto también alcanzó a las fiscalizaciones ambientales. Según informó el Ministerio de Producción y Ambiente en septiembre, la Secretaría de Ambiente solicitó formalmente ingresar equipos técnicos para controlar residuos peligrosos y recursos hídricos, entre otras tareas que la cartera provincial ejercía habitualmente en el ámbito portuario.

Para Lapadula, si los organismos provinciales encuentran impedimentos para cumplir esas funciones deben usar las herramientas administrativas y judiciales disponibles. "Si yo soy ministro de Producción y Ambiente y tengo a cargo el control ambiental en la Provincia y no me dejan entrar, soy yo el que lo tengo que hacer", sostuvo. Sobre la posibilidad de nuevas actuaciones desde la Legislatura, respondió que "es una posibilidad", aunque aclaró que la reacción inicial corresponde a las áreas directamente afectadas.

Críticas a la estrategia judicial

El legislador cuestionó la estrategia del Gobierno provincial para objetar la intervención. Recordó que el Fiscal de Estado expuso ante la Legislatura que se había recomendado que la presentación la hiciera la Dirección Provincial de Puertos y no directamente el Ejecutivo, porque una controversia entre Provincia y Nación quedaría bajo competencia originaria de la Corte Suprema.

"Lo alertó, lo avisó. Ya partimos haciendo las cosas mal", disparó Lapadula, para quien esa decisión contribuyó a prolongar el conflicto. También advirtió que nuevas acciones pueden volver a recalar en la Justicia Federal o en la Corte Suprema, con plazos extensos.

Su planteo busca que esa demora no implique abandonar otras vías. "Han pasado ocho meses y pareciera que normalizamos esta situación", afirmó. Para el legislador, la intervención debe seguir en la agenda institucional no solo por la administración del puerto, sino por los recursos que genera y por las competencias que los organismos provinciales aseguran no poder ejercer.

Con la temporada de mayor actividad portuaria por comenzar, Lapadula insistió en que la discusión no puede quedar limitada al expediente judicial: la Legislatura debe cuantificar el impacto económico y las autoridades de fiscalización tienen que actuar cuando encuentran impedimentos para cumplir su tarea.