Ocho mil causas que nunca se movieron: el pedido que va directo a la Cámara Federal

El diputado provincial Carlos del Frade y el abogado penalista Guillermo Campana llegarán este viernes a la sede de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario con un objetivo concreto: que les entreguen el detalle completo de las alrededor de 8.000 causas que quedaron paralizadas en juzgados federales de primera instancia. La presentación será a las 9 en el edificio de Entre Ríos y Urquiza.

Se trata de un pedido de derecho a la información con el que buscan acceder a expedientes que, según advirtió el propio legislador, "posiblemente revelen las complicidades de los nichos corruptos del poder judicial con la sangre derramada en Rosario y la región en los últimos quince años".

Del Frade fue tajante sobre el valor de esos papeles: "Esos documentos son de indiscutible interés público".

El origen del escándalo

La cifra salió a la luz a comienzos de septiembre, cuando el medio La Política Online publicó una investigación del periodista Hernán Lascano que puso el foco en los juzgados federales 3 y 4 de Rosario. Según ese trabajo, miles de expedientes nunca fueron trasladados en tiempo y forma a las fiscalías, por lo que jamás tuvieron impulso investigativo. La consecuencia posible es la más grave: delitos que quedaron sin esclarecer y presuntos responsables en la impunidad.

La anomalía llegó hasta la Procuración General de la Nación, que tiene bajo su órbita a todos los fiscales federales. El alerta se encendió cuando desde el Ministerio Público Fiscal de Rosario notaron que les enviaban causas ingresadas a los juzgados 3 y 4 de manera extemporánea, con demoras que en algunos casos llegaban hasta los seis años.

El juzgado 3 está a cargo de Carlos Vera Barros, mientras que el 4 corresponde a Marcelo Bailaque, quien hoy cumple prisión domiciliaria acusado por tres delitos cometidos en el ejercicio de su cargo, enmarcados en hechos de corrupción institucional.

Qué pidió la Cámara y qué número no cierra

Tras la difusión de la investigación, la Cámara Federal de Rosario ordenó a los secretarios de ambos juzgados que informaran en un plazo de 48 horas cuáles fueron los criterios de supervisión aplicados para que esos expedientes quedaran frenados.

El objetivo del tribunal es cotejar el número excedente con las cifras que se habían confeccionado en mayo de 2024, cuando dejó de regir el sistema de juicio escrito y arrancó el modelo acusatorio. En ese momento, los juzgados elaboraron un listado de los expedientes en trámite para garantizar la transición hasta que hubiera sentencia: según fuentes de la Procuración, eran unos 1.180 legajos.

Ahora, en cambio, aparece una cifra de 8.000 causas adicionales, todas anteriores a esa fecha límite y que nunca se comunicaron.

Con ese antecedente, del Frade y Campana formalizarán este viernes el reclamo en la Cámara Federal de Apelaciones para que los documentos se conozcan en detalle.