Ocho nombres, un solo pedido: el fiscal quiere sentarlos en el banquillo por el caso Aguilera

Los fiscales federales María Marta Schianni y Maximiliano Hairabedian pidieron enviar a juicio a ocho hombres acusados de integrar la banda que secuestró y mató a Santiago Aguilera Allende, el joven de 18 años que fue capturado en las afueras de Villa Dolores en agosto de 2022. Todos están presos y enfrentan la imputación de secuestro extorsivo triplemente calificado, figura que prevé prisión perpetua.

La lista la integran Pedro Ezequiel González (34), Marcos Antonio “el Petiso” Maldonado (21), Jorge Alejandro Altamirano (30), Lucas Emanuel Rejas (26), Lucas Ramón “Tití” Flores (31), Matías Nahuel “Mini” Castro (24), Carlos Eduardo Hualpa (22) y Reinaldo Rubén Rejas (52).

El delito que se les atribuye tiene tres agravantes: haber causado lesiones a la víctima, haber actuado tres o más personas y haber provocado su muerte de forma intencional.

Cómo fue la trama que terminó con el cuerpo en un descampado

La investigación reconstruyó que el grupo se organizó antes del 16 de agosto de 2022 para reunir información sobre los movimientos de Santiago y su familia. Ese día, el joven —paciente trasplantado renal que necesitaba medicación y cuidados diarios— salió engañado por quien era su amigo, Walter Gil, con la promesa de ir a tomar una cerveza.

Gil, ya condenado a prisión perpetua en un primer juicio realizado en 2025, lo entregó al resto de la organización. Lo subieron a un auto y lo llevaron a una vivienda en Las Tapias, donde quedó privado de su libertad.

Al día siguiente, los captores le escribieron a la madre de Santiago para exigirle 7 millones de pesos de rescate y la amenazaron con matarlo. Las negociaciones se cortaron de golpe.

Entre el secuestro y el 20 de agosto, según la causa, le provocaron múltiples heridas punzantes y lesiones físicas. La muerte se produjo por brutales golpes en la cabeza y heridas en el tórax. El cuerpo fue trasladado y arrojado en un descampado junto a una cantera, en el camino viejo a La Boca del Río, donde lo encontró un baqueano.

El escándalo que marcó la primera etapa de la causa

Este nuevo pedido de juicio llega después de un fuerte golpe institucional en la instrucción original, a cargo del fiscal Enrique Senestrari. En ese proceso no solo se condenó a Gil: también se envió a prisión por 12 años a Julio Ramírez, un joven sordomudo de Villa Dolores, acusado de haber entrado al correo electrónico de la víctima durante el secuestro.

Los peritajes posteriores de rastreo telefónico y análisis de llamadas demostraron que ese ingreso no había sido de Ramírez, sino de un empleado de la propia Fiscalía de Senestrari. La Cámara Federal de Apelaciones anuló la sentencia, absolvió al joven y ordenó investigar al fiscal original, denunciado por la familia Aguilera ante instancias superiores.

Con la causa reasignada a Hairabedian y Schianni, los fiscales lograron reconstruir la red de comunicaciones que ahora sostiene la acusación contra los ocho detenidos.