Ocupación en el centro: un permiso que dejó sin armas a la Policía
La ocupación de dos locales en el centro de Santa Rosa generó un conflicto entre comerciantes, vecinos y lavacoches. La dueña autorizó la permanencia y la Policía no pudo desalojar. ¿Qué pasará ahora?
La ocupación de dos locales en pleno centro de Santa Rosa desató un fuerte conflicto entre comerciantes, vecinos y un grupo de lavacoches. Lo que parecía una usurpación terminó con un giro inesperado: la dueña de los inmuebles autorizó la permanencia de los ocupantes, dejando a la Policía sin herramientas legales para desalojarlos.
Todo ocurrió en la calle Yrigoyen al 200, entre Rivadavia y 25 de Mayo, donde dos locales desocupados fueron tomados por un grupo de lavacoches. Pasado el mediodía de este martes, la tensión escaló cuando los ocupantes comenzaron a ingresar colchones, un lavarropas, un ropero, mesas y sillas con un camión de flete, en lo que vecinos describieron como una mudanza informal.
¿Qué dijo la Policía?
Fuentes oficiales confirmaron que al llegar al lugar, los efectivos constataron que la titular registral de los inmuebles —una adulta mayor que vive en la vivienda contigua— había dado su consentimiento para que los lavacoches se quedaran. "Jurídicamente, el consentimiento de la propietaria imposibilitó a la fuerza policial para efectuar un desalojo de oficio", explicaron.
Sin una denuncia por usurpación o una orden judicial firme, la Policía no podía actuar. "El accionar de la institución se ajusta de manera irrestricta a la legalidad", agregaron las fuentes.
Una propietaria en situación vulnerable
Durante el procedimiento, los agentes documentaron que la mujer habita en un estado de "severa vulnerabilidad habitacional, social y psicológica, careciendo de servicios básicos". Ante esta realidad, la Policía de La Pampa elevó las actuaciones al Ministerio Público Fiscal y dio intervención a organismos estatales de protección de adultos mayores y asistencia social para evaluar su capacidad y condición.
Por ahora, la fuerza mantendrá presencia preventiva y patrullaje en la zona comercial, mientras los estamentos judiciales y sociales buscan resolver el conflicto de fondo. La pregunta que queda flotando es: ¿qué pasará con los lavacoches y la dueña de los inmuebles?