Ofrecía casas del IPV en Comodoro: la Justicia ya puso nombre y apellido a la acusación

La Fiscalía formalizó este jueves 8 de octubre la acusación contra Vanesa Fita y otras cuatro mujeres por una presunta maniobra de estafa con viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en Comodoro Rivadavia. La investigación atribuye al entramado un perjuicio que habría alcanzado a 594 personas y detectó movimientos de dinero por más de $60 millones.

Junto a Fita, la acusación comprende a Lucía Lorena Miranda, Gisela Belén Mancilla, María Victoria Curán y Camila Páez, todas ya incluidas en la investigación penal preparatoria. Las cinco imputadas llegan a esta instancia en libertad, según consignó el Ministerio Público Fiscal.

Cómo habría operado la presunta estafa

De acuerdo con la hipótesis fiscal, entre abril de 2023 y febrero de 2024 Fita habría simulado ser intermediaria y organizadora de una cooperativa de viviendas. Según la acusación, también habría asegurado tener vínculos con funcionarios públicos para ofrecer el acceso a casas ya construidas o próximas a construirse, pese a no contar con autorización vigente ni con recursos suficientes para concretar las adjudicaciones.

El fiscal Cárcamo detalló el mecanismo: "Esta maniobra consistió básicamente en exigirle a los eventuales interesados la entrega de una suma de 100.000 pesos de manera inicial y luego el pago de las cuotas al Instituto Provincial de la Vivienda".

Los interesados debían entregar esos $100.000 iniciales y después continuar con pagos presentados como cuotas destinadas a obtener una vivienda. Una vez hechos los desembolsos, eran incorporadas a grupos de WhatsApp donde recibían información y participaban de comunicaciones y reuniones que, según la Fiscalía, mantenían vigente la promesa de una futura adjudicación.

Para sostener la acusación, los investigadores reunieron 80 denuncias de personas que se presentan como damnificadas, con comprobantes de pagos, conversaciones digitales y registros de encuentros informativos. El análisis incluyó la digitalización de alrededor de 700 gigabytes de documentación: registros bancarios, datos extraídos de teléfonos secuestrados en allanamientos e información fiscal.

También se solicitó documentación al IPV para establecer la situación de las investigadas ante el organismo. El fiscal indicó que se examinó una posible participación de funcionarios públicos, hipótesis que, según afirmó, quedó descartada durante la pesquisa.

Los hechos que se atribuyen a cada una

La acusación distribuye responsabilidades entre las cinco mujeres. A Fita le imputan al menos 594 hechos de estafa por calidad simulada e influencia mentida, en concurso real, como presunta autora: para la Fiscalía habría ideado la maniobra y se habría valido de la intervención de las otras acusadas.

En el caso de Miranda la imputación comprende 130 hechos; para Mancilla, al menos cuatro; para Páez, 300; y para Curán, 400. A las cuatro les atribuyen participación necesaria, al considerar que sus aportes habrían sido indispensables para concretar las presuntas defraudaciones.

Cárcamo señaló además que se cotejaron comprobantes de depósitos y transferencias con los ingresos registrados en cuentas bancarias y billeteras virtuales. Según sostuvo, la información fiscal indicaría que las investigadas no desarrollaban actividades económicas formales durante el período analizado, pese a los movimientos de dinero detectados.

Qué sigue en la causa

Con la acusación presentada, las defensas deberán recibir el planteo fiscal y tendrán la posibilidad de responder. Después se designará al juez que intervendrá en la audiencia intermedia, una instancia previa al eventual juicio por jurados.

Por ahora las cinco imputadas transitan esta etapa en libertad. Cárcamo advirtió que la situación podría revisarse durante el proceso, de acuerdo con las decisiones judiciales que se adopten y la calificación legal sostenida en la acusación.

En cuanto a las posibles condenas, el Ministerio Público Fiscal considera que para Fita y para las acusadas con mayor cantidad de hechos atribuidos podrían corresponder penas de cumplimiento efectivo si fueran condenadas. Para una de las involucradas, en cambio, contempló la posibilidad de una pena de ejecución condicional.

La presentación formal de la acusación marca un nuevo avance en la causa. La responsabilidad penal de cada una de las mujeres deberá determinarse en las próximas etapas del proceso judicial.