Ofreció $150 millones para cerrar el juicio por la marca Maradona: la respuesta de la Justicia

El abogado Matías Morla, último apoderado de Diego Armando Maradona, quería evitar el banquillo con un pago millonario. La Justicia le dijo que no: el juez Juan Giúdice Bravo, del Tribunal Oral en lo Criminal N° 17, rechazó la propuesta de 150 millones de pesos para los herederos del Diez y lo mandó a juicio por administración fraudulenta.

La oferta buscaba suspender el proceso a prueba —la llamada probation— en la causa que investiga el uso de la marca "Maradona" y el destino de los ingresos de los negocios ligados al nombre del astro. El magistrado consideró que la propuesta no alcanzaba para resolver el conflicto.

Por qué el juez dijo que no

En su fallo, Giúdice Bravo explicó que las propuestas de suspensión "no ofrecen una respuesta suficientemente seria y concreta superadora del conflicto". Y agregó que la solución adoptada no anticipa una decisión sobre la titularidad definitiva de las acciones y las marcas, tema que quedará para un debate futuro.

El juez señaló dos fallas centrales en los ofrecimientos. Por un lado, no incluyen ninguna medida para abordar la situación de los activos societarios y marcarios cuya explotación está cuestionada. Por el otro, los montos no guardan una relación razonable con las posibilidades económicas verificables de los imputados ni con la magnitud del perjuicio que se les atribuye.

"La consideración conjunta de ambos aspectos impide concluir que los imputados hayan formulado una propuesta seria y razonable de hacerse cargo del daño 'en la medida de lo posible'", sostuvo el magistrado.

El ejemplo del auto que no se devuelve

Para graficar su postura, Giúdice Bravo usó una analogía. Quien es acusado de retener indebidamente un vehículo y ofrece pagar una suma de dinero según sus posibilidades, sin proponer restituir el auto, no puede pretender que ese pago por sí solo satisfaga el requisito de razonabilidad de la reparación.

"Una situación análoga se presenta en estas actuaciones", escribió, porque el perjuicio no se agota en la explotación de las marcas sino que incluye, principalmente, la indebida apropiación de las acciones de Sattvica SA, la firma titular de las más de 250 marcas de Maradona registradas en todo el mundo.

El juez remarcó que ninguno de los acusados ofreció restituir esos activos ni propuso medidas para hacer cesar su explotación. Tampoco pusieron a disposición del acervo hereditario ningún derecho o beneficio vinculado con ellos. De haberse suspendido el proceso, esos activos intangibles habrían quedado en poder de quienes están cuestionados de haberlos obtenido fraudulentamente, con la posibilidad de seguir comercializándolos.

La reacción de los herederos

La decisión cayó bien entre los hijos del Diez —Dalma, Gianinna, Jana, Diego Armando (h.) y Diego Fernando—, que en una audiencia del 28 de septiembre pasado se habían opuesto a la suspensión del juicio.

"Estamos más que conformes. El fallo habla por sí solo. Está muy bien. Pedir la probation no es una joda", afirmó el abogado Alfredo Huber, que junto con Diego Mayol representa a Dalma y Gianinna.

La defensa anticipó que apelará

Del otro lado, Rafael Cúneo Libarona, defensor de Morla junto con Mauricio D'Alessandro, no ocultó su disconformidad: "No comparto en absoluto la resolución del juez". Según su lectura, el rechazo se apoya en que la suma ofrecida no guarda relación con el monto del presunto perjuicio, pero no existe ninguna pericia contable que haya determinado científicamente siquiera un valor aproximado.

"Nadie sabe cuánto es el monto del posible perjuicio invocado. La fiscalía dijo hace mucho tiempo que aquí no había delito y, personalmente, también coincido con la inexistencia de delito", agregó el letrado, que adelantó que apelará el fallo.

La probation también la habían pedido otros acusados: Maximiliano Pomargo, asistente de Maradona y cuñado de Morla, y Rita y Claudia Maradona, dos hermanas del Diez.

Cómo empezó la causa

El expediente nació de las denuncias de Dalma y Gianinna (representadas por Huber y Mayol), Jana (con Félix Linfante y Marcelo D'Angelo) y Diego Armando (h.), que vive en Italia. Todos sostienen haber sido desplazados de los beneficios económicos que generaba la explotación del nombre y la imagen de su padre.