Olivos copado por militares: el general que gana poder y la verdad que esconden los despidos

La residencia presidencial de Olivos dejó de ser un territorio compartido con personal civil. El Ejecutivo disolvió la Administración General de la Residencia Presidencial, despidió a una docena de trabajadores y puso la custodia y otras tareas en manos de la Casa Militar. El comunicado oficial invocó "estándares de eficiencia y seguridad" frente a la "escalada de la inseguridad a nivel global" y mencionó como pretexto la próxima llegada del papa León XIV. Puertas adentro, en cambio, circula otra versión: fuentes consultadas por El Destape atribuyen la purga a supuestos robos de alimentos y presuntas filtraciones sobre la vida cotidiana en la residencia.

ATE Nacional, con Rodolfo Aguiar al frente, pasó a estado de alerta. El traspaso tiene un plazo de sesenta días. En ese lapso, las tareas que hasta el jueves se repartían entre tres estructuras quedarán en manos de una sola, con un nombre a cargo: el general de brigada Sebastián Ibáñez.

Un uniformado de máxima confianza

Ibáñez es general de brigada, arma de artillería, egresado de la promoción 119 del Ejército. Dirige la Casa Militar desde marzo de 2024, cuando reemplazó a Alejandro Guglielmi, designado por Alberto Macri y sostenido durante los cuatro años de Alberto Fernández hasta que Karina Milei lo sacó del medio. Antes había comandado la V Brigada de Montaña, en Salta.

Hoy controla la seguridad presidencial, la custodia de Casa Rosada y Olivos, y la logística de la flota presidencial, bajo la órbita directa de la hermana del mandatario, que lo cuenta entre sus hombres de máxima confianza. Esa confianza convive con una interna abierta contra el ministro de Defensa, el teniente general Carlos Presti, por el control de ascensos en el Ejército.

El oficial se ganó la confianza de los hermanos Milei cuando avanzó contra la prensa. En abril pasado, Ibáñez presentó una denuncia penal contra las periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, de TN, por una emisión que mostraba espacios de la Casa Rosada. En la demanda habló de secretos de Estado y de una violación a la Ley de Inteligencia Nacional por exhibir, a su entender, "puntos de fuga" del edificio. La denuncia sirvió de excusa para cerrar, durante varios días, la Sala de Periodistas. El fiscal Gerardo Pollicita, de Comodoro Py, pidió desestimarla: "Existen diversas fuentes públicas a partir de las cuales se ha divulgado la disposición física de la Casa Rosada, sin que aquello fuera interpretado como un riesgo para la seguridad nacional". Concluyó que los hechos no configuraban delito.

La operación judicial perdió fuerza, pero sirvió para impulsar su carrera. Doce días después de la denuncia, el 4 de mayo, Milei y su ministro de Defensa pidieron el ascenso del oficial a general de división, con retroactividad al 31 de diciembre de 2025. El pliego, expediente PE 133/26, quedó en el Senado. Entre cuadros del Ejército se habló de sobreactuación para asegurar el galón.

Sospechas en el aire

Mientras se tramita el ascenso, la Justicia avanza en otro frente incómodo para el oficial. Bajo la lupa quedó la Dirección General de Logística, responsable de la Agrupación Aérea Presidencial, que depende de Ibáñez. También figuran en la causa Florencia Gastaldi, ex responsable de esa dirección, y Juan Pablo Pinto, expiloto presidencial. La hipótesis investiga comisiones de al menos el 10% en licitaciones adjudicadas a proveedores cercanos, en compras de repuestos y mantenimiento de aeronaves.

El caso testigo es un avión. La Fuerza Aérea pagó 4.085.000 dólares por un Embraer ERJ-140LR, matrícula T-94, bautizado "55 Héroes", a la empresa Regional One Inc. Poco después apareció una cotización por una aeronave similar por menos de 2.300.000 dólares: casi 1.800.000 dólares de diferencia sin explicación a la vista. El avión ya estaba pintado con los colores de la fuerza antes de que concluyera el trámite administrativo, y al revisarlo aparecieron pérdidas hidráulicas, corrosión estructural, fugas de combustible y componentes faltantes. El diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, pidió al Ejecutivo la documentación completa sobre la compra. Todavía espera respuesta.

Fraude bajo bandera

Los escándalos de dinero no se reducen al Ejército ni a Casa Militar. Entre julio de 2022 y enero de 2026, oficiales de la Armada desviaron unos 981.148.567 de pesos del sistema de pago de haberes, según una pericia contable elevada a las autoridades de la fuerza. El mecanismo detectado: se modificaban a mano los archivos de liquidación, inyectaban suplementos inexistentes y asignaciones duplicadas, giraban las transferencias al Banco Nación y devolvían los registros a sus valores originales para que los recibos del portal Haberes Web no dejaran rastro. Se contaron 645 depósitos irregulares en beneficio de 23 personas, cuatro sin vínculo laboral con la fuerza.

El responsable señalado, el capitán de navío Ariel Baltasar Atanasoff, jefe del Departamento Revista, se tiró arriba de la granada: "Yo decidía las operaciones, los beneficios y los importes", y admitió haber actuado "con la única finalidad de favorecer económicamente" a su entorno. Su esposa, María del Carmen Prieto, recibió más de 152 millones de pesos en 46 transferencias. También cobraron sumas millonarias Damián Andrés Santana, Amalia Cristina Díaz y Natalia Carolina Yahia. El almirante Juan Carlos Romay, jefe de la fuerza, apartó a trece efectivos para mitigar el escándalo. El juez Sebastián Ramos y el fiscal Ramiro González llevan la causa, abierta tras la denuncia del capitán de navío Carlos Alberto Castro Maggio. Hasta ahora se recuperaron apenas 42.574.267 pesos.

Presupuestos ricos, uniformados pobres

El episodio de sobresueldos en la Armada fue tomado, en las filas internas, como otra muestra de desesperación salarial. Según el arqueo que llegó al juzgado, un almirante gana 3.371.170 pesos, un capitán de navío 2.399.189 y un marinero de primera 791.491. La pauperización de los ingresos, calculan en la fuerza, llevó a que más del 80% del personal naval arrastre deudas de alto riesgo o irrecuperables.

En ese marco de desesperación salarial el gobierno decidió otorgar giros millonarios para pertrechar a las fuerzas. El Presupuesto 2027 autoriza deuda pública por 3.500 millones de dólares para comprar tres submarinos convencionales y dos fragatas multimisión destinados a la Armada. Son compras llave en mano: la Argentina no construye submarinos ni fragatas de ese porte, así que el crédito termina, en gran parte, en astilleros extranjeros, con Francia como principal candidato para los Scorpène.

El incremento en el presupuesto para compras contrasta con el ajuste previsto para salarios. En el presupuesto los recursos totales para Defensa llegan a 5.200 mil millones de pesos, un 20% más que este año, pero muy por debajo del 33% de inflación que se proyecta para 2026. Cerca del 75% de esa partida se destina a sueldos, de modo que el Ejecutivo pasa la motosierra sobre los salarios mientras engrosa los recursos destinados al arsenal. La brecha recalienta a una base uniformada en ebullición. El pasado 24 de agosto, efectivos de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y las Fuerzas Armadas convocaron un paro nacional con marcha al Edificio Centinela, sede de Gendarmería. En el documento de convocatoria se sostuvo que los haberes iniciales apenas superan los 800.000 pesos, con una pérdida de poder adquisitivo de más del 80% que dejó a la tropa por debajo de la línea de pobreza. La prohibición de realizar tareas adicionales, como custodia o UBER, limitó aún más las posibilidades de subsistencia en los escalafones más bajos, donde la miseria hace estragos en la salud mental. Una expresión de ese drama ocurrió, precisamente, en la residencia de Olivos, donde un soldado que hacía custodio se suicidó de un tiro con su arma reglamentaria mientras cubría turno en la garita de seguridad.

Malvinas como excusa

El incremento de funciones y, por lo tanto, de partidas presupuestarias se consolida con la galtierización de la causa Malvinas. El pasado jueves, el Ejecutivo envió al Congreso el proyecto que crea el Consejo de Seguridad Nacional. Son 133 artículos, de los cuales sólo los primeros 39 invocan la causa Malvinas y la escalada con Gran Bretaña. Los 94 restantes arman un régimen de excepción permanente destinado al control social. La norma habilita el bloqueo de cuentas y la restricción de divisas, aranceles unilaterales de hasta el 75%, un protocolo de "Tránsito Aéreo Hostil" que autoriza al Presidente a ordenar derribos, la facultad de inutilizar buques a los tiros y la militarización de infraestructura crítica. Crea además el delito de "manipulación de opinión pública", con penas de hasta 12 años, y prohíbe donaciones extranjeras a partidos, con multas de hasta 305.970.000 dólares, equivalentes a tres millones de barriles de petróleo WTI. El Consejo queda presidido por el Presidente, con Jefatura de Gabinete, Cancillería, Defensa, Economía, la SIDE y Legal y Técnica, y puede imponer medidas cautelares sin control parlamentario previo. El diseño recuerda, en sus funciones y su composición, a la temible Conase que la última dictadura usó para perseguir opositores políticos y coordinar el terrorismo de Estado.

La reedición es parte de las continuidades explícitas del programa de Milei que ejecutó la dictadura genocida. En especial, del plan de estabilización por inanición y valorización financiera que encabezó José Alfredo Martínez de Hoz, a quien el presidente homenajeó en su discurso de asunción. A conciencia de las consecuencias sociales de un plan que destruye las capacidades productivas -por lo tanto, pulveriza el empleo y la actividad-, el empoderamiento de las Fuerzas Armadas apunta a reforzar el aparato represivo como sistema de control social. Entonces, como ahora, la causa soberana pretende funcionar como coartada.