Olvidaron su tarjeta en un cajero y lo que hizo el empleado las dejó sin palabras

Un empleado de Tarjeta Naranja en San Miguel de Tucumán logró evitar el juicio tras quedarse con las tarjetas de crédito que dos clientas olvidaron en terminales de autoconsulta. El hombre aprovechó su puesto para realizar compras y operaciones falsas por más de $2,6 millones.

La suspensión de juicio a prueba fue otorgada este miércoles 20 de mayo durante una audiencia encabezada por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, a cargo del fiscal Fernando Blanno y representada por la auxiliar de fiscal Natalia Carabajal.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Según la investigación, el primer episodio sucedió el 12 de febrero de 2025 en la sucursal de calle Congreso 32. Una clienta realizaba operaciones en una terminal de autoconsulta cuando recibió asistencia del acusado. Al retirarse, la mujer olvidó su tarjeta y el empleado se apoderó de ella.

Durante diez días, realizó 24 compras en distintos comercios e incluso efectuó operaciones simuladas en un sistema de cobro vinculado a su propio emprendimiento, identificado como “NARANJX DRINK MASTER”. El perjuicio económico en este caso superó los $2.153.000.

Un día después, el 13 de febrero, el acusado repitió la maniobra con otra clienta en la misma sucursal. Tomó la tarjeta olvidada y realizó compras y movimientos falsos por más de $465.000, incluyendo operaciones en su propio sistema de cobro electrónico.

¿Qué pasó con el dinero?

En ambos episodios, el daño económico fue absorbido por la empresa Tarjeta Naranja S.A.U. La causa fue encuadrada como defraudación mediante el uso de tarjeta de crédito hurtada, en dos hechos cometidos en concurso real.

Como parte del acuerdo, el imputado deberá pagar $1.300.000 como reparación económica y realizar tareas comunitarias durante un año en la Fundación Mate Cocido, ubicada en barrio ATE, con una carga de dos horas semanales. También deberá cumplir reglas de conducta durante un año.

El cumplimiento de todas las condiciones será supervisado por la Justicia de Ejecución, que controlará de manera estricta las obligaciones impuestas para mantener vigente el beneficio otorgado.