En Maipú hay un predio que recibe los efluentes cloacales de cientos de miles de usuarios y que, según la Legislatura, lleva once años funcionando sin tratamiento. La salud de los vecinos y el riego de los productores de la zona están en juego, y el Ejecutivo ahora tiene plazo para explicar qué pasó y qué va a hacer.
La Legislatura de Mendoza decidió meter la lupa en una de las problemáticas ambientales y sanitarias más delicadas de Maipú. El senador Dugar Chappel presentó un proyecto de resolución que le exige al Poder Ejecutivo provincial un informe detallado sobre el vertido sistemático de efluentes cloacales sin tratamiento previo en un predio rural conocido como “La Ciénaga de los Muertos”.
La descarga está ubicada a unos 30 kilómetros al este de la Ciudad de Mendoza, en la zona de calle Los Pines, cerca de la planta depuradora El Paramillo y en el límite con Guaymallén y Lavalle. Según los fundamentos de la iniciativa, la situación se mantendría desde hace aproximadamente once años, tal como reveló una investigación periodística de Franco D’Amelio y una denuncia penal presentada por la Fundación Fiscalía Ciudadana.
Una laguna que llegó a ocupar 40 hectáreas
De acuerdo con el texto del proyecto, el predio recibe los residuos cloacales de unos 600.000 usuarios del sistema provincial. A eso se suman aportes provenientes de hospitales y pequeñas industrias. Los líquidos se acumulan a cielo abierto sobre suelo sin impermeabilizar, en una zona próxima a humedales y explotaciones agrícolas que dependen del riego por pozos subterráneos.
Uno de los puntos más críticos señalados en la iniciativa ocurrió en 2021. Según los fundamentos, un colapso en el sistema habría provocado que la laguna de efluentes alcanzara una superficie cercana a las 40 hectáreas.
Qué le pidieron al Ejecutivo
La propuesta legislativa le otorga al Ejecutivo un plazo de diez días hábiles para responder un cuestionario que abarca varios ejes. El primero es el origen y la habilitación: se pide la fecha, los motivos y los actos administrativos que originaron la derivación, detallando si existió evaluación de impacto ambiental.
El segundo eje es el volumen y la caracterización de la descarga: el estado actual, los caudales estimados desde 2015, la superficie ocupada y los resultados de análisis físico-químicos y microbiológicos, incluyendo la presencia de metales pesados, hidrocarburos o patógenos.
También se solicita información sobre el impacto ambiental y sanitario: estudios sobre suelos, napas freáticas, pozos de riego y cursos de agua, evaluando el riesgo para la salud pública y la producción local.
El cuarto punto tiene que ver con los acuerdos y controles: el estado de los convenios con el propietario del predio y el detalle de denuncias, inspecciones y multas acumuladas desde 2015 por parte de los organismos de control y la Municipalidad de Maipú.
Finalmente, se piden los planes de remediación: las razones por las cuales una medida concebida originalmente como «transitoria» se prolongó durante más de una década, además de los plazos, presupuestos y responsables del nuevo plan de obras anunciado por la prestataria.
Responsabilidades y pedido a la Fiscalía de Estado
El proyecto impulsado por el bloque Verde no se limita al pedido de informes al Ejecutivo y a la empresa prestataria del servicio sanitario. También involucra a otros órganos de control y de justicia.
A la Fiscalía de Estado se le solicita que emita un dictamen sobre las responsabilidades administrativas, civiles, ambientales y penales de funcionarios y directivos, tanto del Ejecutivo como del ente regulador y la empresa. Además, se pide el análisis de la responsabilidad objetiva por el daño ambiental colectivo y el posible perjuicio al erario provincial.
Al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal se les requiere información sobre el estado procesal de la denuncia penal impulsada por la Fundación Fiscalía Ciudadana.
En paralelo, se exige al Ejecutivo que disponga de inmediato acciones de contención, mitigación y un monitoreo público y periódico de la calidad del agua en el área de influencia, con el objetivo de proteger a vecinos y productores.
La iniciativa también invita formalmente al titular de la autoridad ambiental, al del ente regulador y a las máximas autoridades de la prestataria a dar explicaciones en la Legislatura.
Desde el bloque opositor recalcaron que la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente consagran el principio precautorio y la obligación inexcusable de recomponer el daño ambiental. Recordaron, además, que los recursos naturales y la salud de los mendocinos deben estar por encima de demoras administrativas o soluciones provisorias prolongadas en el tiempo.
